Anatomía de un linchamiento mediático en la era del “clickbait”

El pasado 14 de febrero de 2026, la Revista Semana publicó en su edición impresa y en sus canales digitales lo que prometía convertirse en el escándalo político del año.

El titular, diseñado para maximizar el impacto, no dejaba espacio a la duda en tiempos del clickbait y del reinado de la economía de la atención.

"RTVC confirmó contratos por casi 23.000 millones de pesos que incluyen a un maquillador y un fotógrafo que, según denuncias, estaban a órdenes de Verónica Alcocer". El artículo incluye facsímiles y una entrevista con el abogado Juan Carlos Portilla, quien es presentado como “profesor y experto anticrimen financiero”.

La noticia explotó y en cuestión de horas, el titular se volvió tendencia en redes sociales. Los comentarios en Twitter (hoy X), Facebook e Instagram se encendieron con el ardor de una indignación predecible:

"¡Corruptos!", "¡Qué robadera!", "¡Esto es lo que pasa con este gobierno!". El veredicto del tribunal mediático (Revista Semana), sin fórmula de juicio y sin el debido proceso, fue inmediato, fulminante y sin apelación y quedó establecido en ciertos sectores de opinión como “verdad revelada” y “punto final”.

Casi al instante otros medios de alcance nacional replicaron la información: El Colombiano, Infobae, La Silla Vacía y emisoras radiales y canales televisivos publicaron notas basadas en “la denuncia” de Semana. Aunque cada uno tenía su propio titular, todos apuntaban al mismo núcleo: la cifra escandalosa, los profesionales señalados y la sombra sobre Verónica Alcocer.

Lee también: Presidencia desmiente a Revista Semana por supuesta cifra de $23.000 millones en contratos con RTVC y exige rectificación

“Mauricio Vélez, fotógrafo, y Fady Javier Flórez, maquillador, se quedaron con 23.000 millones de pesos”, era la conclusión y “la sentencia mediática basada en sobresimplificaciones y en una información tendenciosa y distorsionada.

En el “efecto cascada” posterior, ocurrió como acontece con las estrategias de desinformación del tipo astroturfing en redes sociales que simulan apoyo popular espontáneo hacia una causa, marca o figura política, cuando en realidad podría tratarse de campañas organizadas y financiadas artificialmente, inundando plataformas con opiniones manipuladas, con comentarios repetitivos, falsas reseñas y viralidad artificial.

 

 

 

 

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Una aclaración tardía y diluida

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) respondió el 4 de diciembre de 2025, un derecho de petición presentado por el abogado Juan Carlos Portilla, que Semana utilizó como insumo para el cuestionado artículo publicado el 14 de febrero de 2026.

El documento es crucial porque desvirtúa la premisa central de la denuncia que después publicaría Portilla con la subsecuente difusión y amplificación de la revista (o mejor plataforma): la supuesta vinculación de Verónica Alcocer con los contratos.

"La Primera Dama no tiene el carácter de funcionaria pública, en consecuencia, en el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, no existe el funcionamiento del despacho de primera dama. [...] La señora Verónica Alcocer, al no tener la calidad de funcionaria pública, no tiene derecho al reconocimiento de pagos derivados de relación funcional y contractual, ni otros beneficios a los que Usted hace mención."

Y añade más adelante:

"El rol de primera dama o gestora social debe enmarcarse en actividades protocolarias, de asistencia social o beneficencia pública, sin que sea procedente el ejercicio de empleos públicos."

Es decir que la denuncia y la publicación partían de un supuesto falso: la acusación ya había sido refutada.

Después de los cuestionamientos legales y públicos sobre la veracidad de la noticia publicada, la revista “aclaró” en una columna en la margen izquierda de la página 4 de su edición impresa del 21 de febrero de 2026 y en una nota al final del artículo digital lo siguiente:

"Los datos contenidos inicialmente en este artículo, y aportados a SEMANA por el abogado Juan Carlos Portilla, fueron ajustados. Portilla, como fuente, y en una entrevista sostenida con uno de nuestros periodistas, señaló que casi 23.000 millones de pesos fueron destinados al fotógrafo Mauricio Vélez y al maquillador Fady Javier Flórez. Dichos datos aportados por él no eran ciertos. En realidad, ese monto hace referencia a toda la contratación suscrita entre RTVC y Savi entre 2022 y 2025 para la producción y transmisión de los productos audiovisuales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La asignación mensual del fotógrafo Mauricio Vélez asciende a 25 millones de pesos, y la del maquillador Fady Javier Flórez es de 10 millones de pesos mensuales, según informó la Casa de Nariño a SEMANA."

Tras siete días desde la publicación original, de reconocer que “Dichos datos aportados por él no eran ciertos” aunque con base en ellos se redactó un titular falso que ha circulado sin control, que ha sido replicado por otros medios, que ha generado miles de comentarios y que se ha instalado en el imaginario colectivo ¿esa la respuesta proporcional que el caso ameritaba?

La "aclaración" reconoce la falsedad, pero lo hace de manera que transfiere la culpa a Portilla, protegiendo la imagen del medio; aunque corrige la cifra, no asume responsabilidad por la falta de verificación previa y el daño reputacional posterior; se publica en condiciones de inequidad sin el despliegue digital equivalente, sin corrección en redes sociales y sin la modificación del titular web que aún está disponible.

Y la aclaración que es una figura editorial voluntaria que modifica, complementa o matiza información previamente publicada, no implica un reconocimiento explícito de responsabilidad frente a informaciones imprecisas, incompletas o distorsionadas que son responsabilidad del medio de comunicación, no de la “fuente”.

¿Cabría entonces una rectificación en el entendido que se debe corregir una información falsa, inexacta, agraviante o lesiva y reparar un daño causado a la honra, el buen nombre o la intimidad de las personas y entidades mencionadas en el artículo?

Como lo advierte la jurisprudencia constitucional enmendar “error” también debería tener el mismo espacio, el mismo tamaño, la misma tipografía y el mismo tratamiento gráfico que tuvo la información que se corrige y no en la página 4 de la edición impresa (un lugar que no tiene la misma fuerza visual que la portada), en una nota al final del artículo web (sin modificar el titular original) y sin el mismo despliegue equivalente en redes sociales que continúan activas sin sustanciales modificaciones de la publicación original.

El algoritmo no lee aclaraciones

En el entorno digital, las noticias falsas se propagan mediante algoritmos que premian el engagement, no la veracidad. Una información falsa que genera miles de reacciones, comentarios y compartidos es "premiada" por los algoritmos y sigue siendo mostrada a nuevos usuarios.

A su turno, la aclaración no tiene ese poder viral. Aunque Semana haya publicado una nota al final del artículo web, las publicaciones originales en redes sociales continúan activas, los algoritmos siguen amplificando el error y es posible que el desmentido no llegue nunca a los lectores que “consumieron” la noticia falsa.

Y esta situación se agrava porque “las réplicas” en otros medios multiplicaron el daño y hasta la fecha no se han publicado correcciones.

Aunque la Corte Constitucional ha comenzado a sentar jurisprudencia sobre las consecuencias de las publicaciones en los “ecosistemas digitales”, aún falta un desarrollo más profundo: los mecanismos tradicionales de rectificación, diseñados para la prensa analógica, son completamente inadecuados para reparar daños causados en las redes sociales y portales web.

Fake news y economía de la atención

En el ecosistema de la economía de la atención donde el éxito de una publicación se mide en clics, compartidos y tiempo de permanencia con el objetivo de generar ingresos publicitarios, su relevancia en los algoritmos depende de la capacidad de generar reacciones emocionales intensas: indignación, miedo, escándalo.

Y en época de campaña electoral, esta dinámica se intensifica porque la atención es el recurso más disputado, lo que convierte al clickbait en un arma política.

El titular de Semana es un ejemplo perfecto de esa lógica que activa todos los resortes emocionales: "confirmó" (certeza), "23.000 millones" (escándalo), "maquillador y fotógrafo" (contraste indignante), "a órdenes de Verónica Alcocer" (polarización).

En esta lógica, especialmente cuando podrían existir objetivos políticos, la veracidad y la imparcialidad pasan a segundo plano, buscando que puedan ser "monetizadas" a la medida del "consumidor" y "rentabilizadas" políticamente.

Entonces, el odio y la mentira se convierten en titulares que seducen mediante el escándalo y la paranoia, y se utilizan como armas que buscan inclinar la balanza electoral.

Es por eso que el fenómeno de los juicios mediáticos o tribunales paralelos es uno de los más devastadores en el contexto de la desinformación, y adquiere una dimensión aún más grave cuando se utiliza con el fin de hacer trizas la reputación de las personas o entidades públicas, y más si es con fines electorales.

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