Por primera vez en la historia, las madres comunitarias son empleadas públicas del Estado colombiano

El presidente Gustavo Petro pidió el pasado 18 de febrero, en un encuentro en Ciudad Bolívar, acelerar la vinculación de madres comunitarias a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ese acto, la directora de la entidad, Astrid Cáceres, informó que 2.300 ya habían sido incorporadas como trabajadoras oficiales. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, precisó que el proceso proyecta la formalización de cerca de 40.000 personas antes de 2029. "Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de cuidado de este país", dijo Sanguino.

La base legal quedó fijada en el artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, que ordenó al ICBF vincular progresivamente a madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles a su planta de personal. El Gobierno la reglamentó con dos decretos: el 0586 de mayo de 2025, que reconoció oficialmente el rol de madre comunitaria como empleo público de nivel asistencial con contrato a término indefinido y salario mínimo como piso, y el 1398 de 2025, que creó 2.353 cargos de trabajadores oficiales en la entidad.

Bono pensional para quienes no alcanzaron pensión

En paralelo a la formalización de las activas, el Gobierno atendió a quienes ya cumplieron su labor pero llegaron a la vejez sin pensión. Desde julio de 2023, el ICBF inició la entrega de un bono pensional para ex madres comunitarias mayores de 57 años con al menos diez años de servicio. El monto varía según el tiempo trabajado: entre 10 y 15 años, el subsidio es de 928.000 pesos mensuales; entre 15 y 20 años, 1.044.000 pesos; y más de 20 años, 1.102.000 pesos — equivalente al 95% del salario mínimo.

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La meta del Gobierno es llegar a 36.351 beneficiarias de ese bono al cierre del cuatrienio en 2026. El cronograma contempló 10.000 cupos en 2023, 6.000 adicionales en 2024, 10.000 más en 2025 y 10.351 en 2026. Adicionalmente, desde 2026 el Gobierno destinó 297.810 millones de pesos para ampliar el subsidio de aportes pensionales —el Programa de Subsidio a los Aportes a Pensión (PSAP)— beneficiando también a madres comunitarias activas que cotizan con apoyo del Estado.

Subsidio de subsistencia para quienes ya salieron y la magnitud del reto

Para ex madres comunitarias que no reúnen los requisitos del bono pensional, el Gobierno también actuó sobre el subsidio de subsistencia. El ICBF reportó en 2023 que ese apoyo pasó de 498.000 a 1.102.000 pesos mensuales para 5.129 beneficiarios del programa, más que duplicando su valor.

Función Pública reporta que en Colombia hay 40.469 mujeres y hombres desempeñándose como madres y padres comunitarios, quienes atienden a 454.531 niñas, niños y adolescentes. Las 2.300 vinculaciones como trabajadoras oficiales reportadas en febrero de 2026 son el primer tramo de un proceso que, para cumplir su propia meta, debe multiplicarse por veinte antes de que acabe la década.

La formalización, además, abre por primera vez la posibilidad real de que estas trabajadoras coticen para su propia pensión — algo que décadas de tercerización les negó.

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