La Minga Indígena retorna a sus territorios tras pactar soluciones con la Gobernación de Antioquia

La Gobernación de Antioquia y las comunidades indígenas Emberá Eyabida y Zenú lograron concretar nuevos acuerdos tras la Minga adelantada en Medellín. Esta movilización fue motivada por los compromisos incumplidos desde 2024 en áreas críticas como infraestructura, servicios básicos, equidad, sostenibilidad y desarrollo económico.

Reclamaciones históricas de las Comunidades Indígenas

La precaria situación de las comunidades indígenas en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá —pertenecientes a los resguardos Jaikerazabi, Chontadural Cañero, Coribi Bedado y Río Alto San Juan— las obligó a desplazarse hacia Medellín para adelantar una minga en defensa de sus derechos

Desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18 de marzo, la Minga se instalo en el sector de la Alpujarra y bloqueo el acceso a la sede de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Casa de Justicia y varias entidades departamentales. Esto generó enfrentamientos con habitantes y transeúntes de la zona, dentro de ellos, motociclistas. 

Las exigencias de los resguardos obedecen a incumplimientos desde el año 2024 por parte de la gobernación de Antioquia en materia de servicios básicos, infraestructura, sostenibilidad y desarrollo económico. Puntualmente: salud, educación con enfoque diferencial, proyectos de vivienda, desarrollo vial en zonas apartadas, proyectos productivos para garantizar la soberanía de las comunidades, entre otros.

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Diálogos y acuerdos entre los Resguardos y la Gobernación de Antioquia

Las mesas de trabajo adelantadas por la Gobernación estuvieron acompañadas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito de Medellín y la Policía Nacional. También, se articularon la OIA (Organización de Indígenas de Antioquia) y todas las secretarías de la Administración Departamental. 

Tras alcanzar los acuerdos previstos, la Minga se levantó este miércoles 18 de marzo y las comunidades indígenas iniciaron el retorno a sus territorios. 

Tras el levantamiento de la movilización, la atención se centra ahora en la veeduría institucional. Resulta imperativo realizar un seguimiento estricto al cronograma de cumplimiento para asegurar que las garantías territoriales y los derechos de las comunidades no queden relegados al papel.

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