Gobierno y voceros de estructuras criminales de alto impacto abren conversaciones para una “paz urbana” en Medellín y el Valle de Aburrá

La delegación del Gobierno nacional y los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) anunciaron este lunes, 9 de febrero, el inicio de la fase de conversación en el espacio sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá.

El comunicado plantea la estructuración de un acuerdo condicionado para la paz urbana y sitúa el arranque en dos compromisos: desescalar de inmediato las violencias y buscar un punto de irreversibilidad del proceso.

Acuerdo condicionado: víctimas, no repetición y economías ilícitas

El texto fija una agenda centrada en víctimas y en evitar que la violencia se recicle bajo nuevas formas. Habla de memoria y dignificación, de prevención de nuevas violencias y de frenar el resurgimiento de estructuras.

En la delimitación más concreta de esa agenda, el comunicado indica: “Este acuerdo para la paz urbana incluirá temas que tanto la sociedad civil, el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras consideramos fundamentales para lograr condiciones para la memoria y dignificación de las víctimas, prevenir nuevas violencias, prevenir el resurgimiento de las estructuras, la transformación y sustitución de las economías ilícitas, la inclusión social para personas que integran las EAOCAI y lograr el tránsito hacia el Estado Social de Derecho”.

El documento incorpora, además, un componente de inclusión social para quienes integran esas estructuras y un énfasis en sustituir economías ilícitas, presentado como parte del tránsito hacia el Estado Social de Derecho.

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Marco jurídico y participación: un llamado al Congreso

El Gobierno advirtió que la seguridad jurídica del proceso y el resultado del tránsito quedan condicionados al cumplimiento de la Sentencia 525 de 2023 de la Corte Constitucional. Por esa razón, pidió al Congreso agilizar el trámite de los proyectos de ley radicados por el Ejecutivo, señalados como necesarios para el marco normativo que exige este espacio sociojurídico.

El comunicado también anuncia canales oficiales para comunicar avances y mecanismos de participación de la sociedad civil en la construcción, implementación y verificación de los acuerdos. En el cierre, la delegación del Gobierno plantea el propósito territorial del proceso: “La construcción de la paz urbana es un compromiso con la vida. Este acuerdo es la hoja de ruta para devolverles la tranquilidad a los barrios de Medellín y el Valle de Aburrá”.

Con ese anuncio, la fase de conversaciones queda instalada con una agenda de compromisos condicionados y con dos frentes abiertos de soporte: el esquema de participación y el trámite legislativo que el Gobierno considera indispensable para sostener el proceso.

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