Demandan aumento del pasaje del SITP por falta de sustento técnico, financiero y social en el decreto

La representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, y el concejal José Cuesta, interpusieron una demanda de nulidad con medida cautelar contra el Decreto Distrital 007 de 2026, que aumentó la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a $3.550.

Según los demandantes, el incremento carece de una justificación técnica verificable y representa una carga injusta para la ciudadanía, en especial para los sectores de menores ingresos. En la demanda se afirma que la Alcaldía de Bogotá no presentó estudios públicos completos ni evaluó alternativas menos gravosas para el bolsillo de los usuarios.

Esta demanda asegura que el decreto se fundamentó en factores generales como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos, pero sin mostrar cómo estos indicadores justifican el nuevo valor del pasaje. De acuerdo con los demandantes, tampoco se detalló la metodología utilizada ni se presentaron los documentos técnicos que soporten la medida.

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Además, la acción legal advierte que no se evaluó el impacto social del alza tarifaria, a pesar de tratarse de un servicio público esencial. Para Carrascal y Cuesta, esta omisión constituye una falsa motivación del acto administrativo, lo que podría configurar su nulidad.

Los accionantes pidieron al juzgado que se declare la nulidad del decreto, que se suspenda su aplicación provisional y que se ordene a la Administración Distrital abstenerse de aplicar el aumento. Argumentan que el transporte público debe ser una herramienta de equidad, no de exclusión, y que las decisiones en materia tarifaria deben estar basadas en responsabilidad, transparencia y justicia social.

Por otro lado, María Fernanda Carrascal afirmó que esta acción no busca confrontaciones políticas, sino defender el derecho a una movilidad accesible y digna. “No vamos a callar mientras el costo de vivir en Bogotá sigue aumentando para los mismos de siempre”, declaró la congresista. Al mismo tiempo la representante reiteró que utilizarán todas las herramientas jurídicas y políticas necesarias para garantizar un transporte justo.

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