Colombia rechaza deportación de colombianos presos desde Ecuador y envía delegación a la frontera

La acción del Gobierno responde al malestar expresado el viernes por la deportación unilateral de presos colombianos por parte de Ecuador, sin acuerdos previos.
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Frontera entre Colombia y Ecuador
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Una delegación oficial liderada por la canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se desplazó este sábado hasta el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para atender la repentina deportación de al menos 150 ciudadanos colombianos presos en ese país, medida que ha sido calificada por Bogotá como un "gesto inamistoso".

La visita de Villavicencio tiene como objetivo verificar la situación de los connacionales y coordinar su recepción junto a autoridades locales, luego de que el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa ejecutara las expulsiones sin previo aviso ni coordinación bilateral. Según Cancillería, no se respetaron los protocolos mínimos ni se establecieron acuerdos previos entre ambas naciones, lo que generó un fuerte reclamo diplomático desde Colombia.

"Un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio, se desplaza al Puente de Rumichaca para recibir a los connacionales expulsados por el Estado ecuatoriano y acompañar a los gobiernos territoriales en esta contingencia", informó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales.

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La Cancillería colombiana emitió la noche del viernes un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgica protesta” al gobierno ecuatoriano, denunciando que la deportación se llevó a cabo sin identificar plenamente a los reclusos, sin verificar su situación jurídica y en clara violación a normas básicas del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas y arbitrarias.

“Colombia está evaluando las acciones pertinentes para atender esta situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país”, señaló el ministerio.

Desde Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar también se pronunció sobre el hecho y exigió la presencia de organismos defensores de derechos humanos como garantes en este tipo de procedimientos. “Se debe fortalecer la comunicación interinstitucional que facilite el desarrollo de estas medidas y así cumplir con los roles correspondientes a cada entidad territorial”, manifestó el mandatario regional, quien envió funcionarios de la Secretaría de Gobierno Departamental a Ipiales para apoyar la atención a los deportados.

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El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad diplomática entre Bogotá y Quito, y deja en evidencia la necesidad de acuerdos bilaterales claros en materia de deportaciones, especialmente en casos que involucran a personas privadas de la libertad. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan brindando asistencia a los connacionales afectados, al tiempo que buscan evitar que se repitan este tipo de acciones unilaterales.


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