Desde su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro publicó una grave denuncia sobre las estructuras criminales que infiltran organismos del Estado y controlan rutas del narcotráfico. “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abhu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura”, escribió el mandatario.
El mandatario agregó que esta red estaría vinculada al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en Cartagena en 2022, y que los autores intelectuales fueron encubiertos desde la Fiscalía colombiana. En un tramo particularmente delicado, el presidente afirmó: “Han buscado asesinarme sin éxito”.
Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abhu Dabi, controlan una red de fiscales y a traves del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la fiscalía.
Han… https://t.co/amCn0UjR8p— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2025
Estas declaraciones se dan en medio del creciente escándalo internacional por la red de Dritan Gjika, un narcotraficante albanés que lideró durante más de una década una estructura de tráfico de cocaína con presencia en Colombia, Ecuador, España y los Balcanes. Una investigación de Insight Crime, publicada en julio de 2024, documenta con detalle la operación transnacional de Gjika y sus vínculos con altas esferas del poder judicial y policial ecuatoriano.
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Un capo invisible que operaba desde Ecuador con cocaína colombiana
Según la investigación de Insight Crime, Gjika llegó a Ecuador en 2009, se nacionalizó en 2013 y fundó empresas de fachada para exportar cocaína desde Guayaquil. Se asoció con Rubén Cherres, empresario cercano a la élite política ecuatoriana y al entorno del entonces presidente Guillermo Lasso. Juntos crearon compañías como Cresmark S.A. y Agricomtrade, esta última usada para enviar cargamentos de banano contaminados con droga hacia Europa.
La droga provenía de disidencias de las FARC y de la red criminal Los Constrú, que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Insight Crime sostuvo que Gjika contrataba operadores locales, pagaba en cocaína y evitaba dejar rastros directos. Una fuente anónima de la policía antidrogas de Ecuador declaró: “Nunca tocó un gramo de droga, él veía los toros desde lejos”.
Protección institucional, lavado y encubrimientos desde las élites
La red de Gjika no solo se sostenía con dinero y logística. También contaba con protección de altos funcionarios. Su aliada principal, según la investigación, fue Tannya Varela, quien dirigió la Policía ecuatoriana entre 2021 y 2022. Ella habría desmantelado una investigación en su contra, reasignando a los agentes que seguían la pista del capo albanés. El caso se cerró en enero de 2022.
A lo largo de su operación, Gjika y sus socios crearon al menos ocho empresas en un solo día, algunas de ellas involucradas en lavado de dinero por más de 31 millones de dólares. Pese a que su socio Rubén Cherres fue asesinado en 2023, y varios miembros de su red fueron capturados en febrero de 2024, Gjika sigue prófugo. La empresa Riomel Gold Corporation, dedicada al comercio de metales preciosos y fundada por él, aún sigue activa.
Buenaventura y el encubrimiento en Colombia
Aunque Insight Crime no menciona directamente al puerto de Buenaventura ni a fiscales colombianos, el presidente Petro enlaza estos hallazgos con una hipótesis que viene sosteniendo desde hace años: que el narcotráfico ha penetrado profundamente en las instituciones judiciales y en la operación de puertos estratégicos del país. La acusación de encubrimiento en el caso de Marcelo Pecci se suma a estas preocupaciones, y sugiere que actores del aparato judicial colombiano estarían protegiendo intereses criminales.
Recientemente, el mandatario colombiano ha venido insistiendo en la necesidad de reforzar la estrategia de seguridad de Colombia alrededor de los puertos, territorios dominados por el crimen organizado donde se han presentado altas tasas de acciones criminales y homicidios. El mandatario ha señalado que la cooptación de estas infraestructuras por parte del crimen transnacional ha exacerbado la violencia en los entornos inmediatos, como Barranquilla y Buenaventura, victimizando especialmente a los jóvenes.
La referencia a la sede en Abu Dabi alude a los espacios internacionales en los que se blanquean capitales y se articulan redes con respaldo financiero global. Si bien esta parte no está documentada por Insight Crime, se enmarca en una denuncia más amplia sobre la captura transnacional del sistema judicial.
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Una advertencia que conecta hechos, redes y asesinatos
La denuncia del presidente Gustavo Petro no es aislada. Se conecta con investigaciones periodísticas, judiciales en incluso legislativas en Ecuador, que apuntan a una trama que mezcla narcotráfico, lavado, corrupción institucional y asesinatos políticos. La revelación del vínculo entre Cherres, Carrera y Gjika derivó en un escándalo que llevó a juicio político al expresidente Lasso, y que cobró la vida del periodista y congresista Fernando Villavicencio.
La insistencia del jefe de Estado en denunciar estas redes apunta a evidenciar el riesgo que enfrenta su gobierno y a advertir sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Con las revelaciones tras la detención de Papá Pitufo en Portugal, investigaciones periodísticas y de la Fiscalía apuntaron a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera, burócratas de la DIAN, entre otros funcionarios y también miembros del sector privado involucrados en la operación portuaria; todos vinculados con estructuras del crimen organizado que, más allá de contrabando y narcotráfico, tienen en su prontuario una violencia brutal que cobra cientos de vidas.
Su mensaje final —“han buscado asesinarme sin éxito”— resume el tono de alarma con el que ha abordado el tema. Y plantea, también, un llamado a desmantelar los pactos de silencio que —según su visión— siguen amparando al poder narco dentro y fuera del país.
