Agro colombiano en cifras. / Foto: Cortesía.

Más de 10 millones de dólares se han destinado al agro colombiano en zonas vulnerables

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Según datos del DANE, en 2024, el sector agrícola representó alrededor del 10% del PIB colombiano, consolidándose como un pilar clave de la economía del país.

Ante los efectos del conflicto armado en algunas de las zonas rurales de Colombia y las limitadas oportunidades en estos territorios, Acumen ha venido impulsando la inversión de impacto social en el sector agrícola del país y sus comunidades, en departamentos como Putumayo, Cauca, Guaviare, Caquetá, Magdalena, Chocó, Nariño, entre otros. De acuerdo con el último informe de 60 Decibels, Acumen Latinoamérica ha destinado aproximadamente 10 millones de dólares a 19 empresas, cuyo modelo de negocio beneficia directamente a comunidades históricamente vulneradas, lideran procesos en zonas de posconflicto con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida de estas poblaciones.

Según datos del DANE, en 2024, el sector agrícola representó alrededor del 10% del PIB colombiano, consolidándose como un pilar clave de la economía del país. Sin embargo, el 41% de la población rural vive en condiciones de pobreza, lo que afecta a miles de personas agricultoras cuya principal fuente de ingresos es la producción agropecuaria. La baja productividad sigue siendo un desafío debido a la falta de asistencia técnica, capacitación y acceso a nuevas tecnologías.

Además, la precariedad en infraestructura dificulta la comercialización de productos y afecta la rentabilidad del sector, mientras que el acceso limitado a crédito y financiamiento restringe las posibilidades de inversión para mejorar los cultivos en diversas zonas rurales del país y expandir la producción.

Virgilio Barco, Director de Acumen Latinoamérica, explica que frente a estos desafíos, la organización ha venido invirtiendo en los últimos 10 años en empresas sociales y de base comunitaria que generan oportunidades económicas para poblaciones vulnerables, especialmente en el sector agrícola. Su modelo de inversión social busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo, beneficiando a personas agricultoras y campesinas afectadas por el conflicto armado, que enfrentan exclusión y pobreza.


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