MinEnergía rechaza aranceles de Ecuador y recuerda que Colombia aporta hasta 10% de su energía

El Ministerio de Minas y Energía fijó la primera respuesta política del Gobierno colombiano al anuncio de Ecuador de imponer aranceles a las importaciones desde Colombia: la entidad manifestó su rechazo a la decisión del gobierno de Noboa, y un argumentó que Colombi ha sido incondicional con el país vecino en materia de cooperación energética.

En un pronunciamiento difundido en X por Edwin Palma, ministro de minas y energía, la cartera calificó la decisión como “agresión económica” y sostuvo que rompe el principio de integración regional. “Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional.”.

El jefe de la cartera señaló que, en el único campo donde Ecuador ha tenido urgencias demostradas en los últimos meses, la energía, Colombia mantuvo exportaciones incluso bajo presión interna y tras ataques a su infraestructura.

Energía como prueba de cooperación: 450 MW, sequía y 8%–10% del consumo ecuatoriano

El mensaje del Ministerio enumeró hechos. Primero, afirmó que Colombia sostuvo la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, con exportaciones que en varias ocasiones superaron los 450 MW de manera sostenida, equivalente al 90% de la capacidad de exportación disponible, incluso cuando Colombia atravesaba “la situación hidrológica de sequía más crítica” por efectos del cambio climático.

Luego introdujo un segundo elemento: la apertura regulatoria para ampliar la cooperación binacional. Palma sostuvo que el Gobierno había expedido “recientemente” una resolución para habilitar que iniciativas privadas participaran en ventas de energía entre países y dijo que ordenó desmontarla, como respuesta política a la medida arancelaria.

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El pronunciamiento incluyó un tercer hecho: un atentado en diciembre contra infraestructura eléctrica en el suroccidente colombiano que afectó la capacidad de exportación. Según el Ministerio, la acción coordinada de la fuerza pública, la cartera de Minas y Energía, operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar circuitos para mantener los volúmenes que Ecuador requería.

Con esas piezas, el Ministerio puso cifras sobre la mesa: ubicó la demanda ecuatoriana entre 92 y 100 GWh-día, dijo que las exportaciones colombianas se han mantenido alrededor de 8,0 GWh-día y afirmó que, gracias a acuerdos de la CAN y a la infraestructura eléctrica, Colombia provee entre 8% y 10% de la energía consumida por Ecuador. El cierre del argumento fue político: “Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos.”.

El arancel del 30%: Quito lo ata a seguridad y Bogotá responde desde integración y cooperación

El anuncio ecuatoriano lo hizo el presidente Daniel Noboa en X. Allí dijo que Ecuador ha intentado el diálogo pese a un déficit comercial superior a US$1.000 millones anuales, pero que sus militares siguen enfrentando grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera “sin cooperación alguna”. Con ese comentario, anunció un arancel del 30% a importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero, condicionado a que exista un “compromiso real” para enfrentar juntos narcotráfico y minería ilegal.

En Colombia, la reacción política subió de tono en redes: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, escribió: “¡Lo que nos faltaba! Noboa con ínfulas imperiales”, manifestando el rechazo al anuncio.

Pero la línea que el Gobierno decidió amplificar desde la Presidencia no fue la descalificación: fue la de recordar que el afán de crear polémica en un gobierno inestable compromete asuntos de mayor trascendencia. Ecuador anuncia castigo comercial; Colombia responde recordando cooperación energética, menciona decisiones regulatorias que estaban diseñadas para ampliar ventas binacionales y pide diálogo.

Si Ecuador formaliza el arancel, el conflicto deja de ser un cruce de X y se convierte en costo para exportadores y consumidores. Y si Colombia sostiene el giro anunciado por MinMinas de desmontar la resolución que habilitaba participación privada en ventas de energía, la discusión también puede moverse hacia un terreno donde Ecuador tiene mucho que perder.

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