Qué pasará con el salario mínimo en Colombia: contexto, situación jurídica y perspectivas

En los últimos meses, el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público en Colombia, luego de una decisión judicial que generó incertidumbre sobre el aumento decretado por el Gobierno Nacional. 

La discusión no solo tiene implicaciones económicas, sino también jurídicas, y afecta directamente a millones de trabajadores, pensionados y empleadores.

A finales de 2025, tras no lograrse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno expidió un decreto fijando el salario mínimo para 2026 con un incremento históricamente alto. El aumento fue presentado como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y mejorar las condiciones de vida de quienes devengan menores ingresos.

Sin embargo, en febrero de 2026 el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente dicho decreto. La razón principal fue que, a juicio del alto tribunal, el acto administrativo no expuso de manera suficiente y clara los criterios técnicos exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano, en particular los establecidos en la Constitución y en la Ley 278 de 1996. 

Estas normas señalan que el salario mínimo debe fijarse teniendo en cuenta factores como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la situación económica general del país.

Puedes leer: Presidente Petro defiende salario mínimo vital de $2.155.000

Es importante aclarar que la suspensión provisional no significa que el salario mínimo desaparezca ni que los trabajadores deban devolver el dinero recibido. La medida es temporal y busca que el Gobierno corrija o complemente la motivación del decreto, sustentando adecuadamente el aumento conforme a la ley. Mientras esto ocurre, el salario que se viene pagando continúa aplicándose, y no hay cambios inmediatos en las nóminas ni en las quincenas de los trabajadores.

Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno tiene la posibilidad de expedir un nuevo decreto o un acto transitorio que subsane las fallas señaladas por el Consejo de Estado. Este nuevo acto deberá demostrar de manera técnica y razonada por qué el aumento es compatible con los criterios legales. El proceso judicial de fondo, que definirá si el decreto original es válido o no, puede tardar varios meses.

La situación también tiene efectos más allá de los trabajadores que devengan el salario mínimo. Muchas pensiones en Colombia están indexadas al salario mínimo, por lo que cualquier cambio o incertidumbre en su fijación genera preocupación entre los pensionados. De igual forma, los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, observan el proceso con atención debido al impacto que un aumento elevado puede tener en los costos laborales y en la generación de empleo formal.

En términos económicos: por un lado, la necesidad de garantizar un ingreso digno a los trabajadores y protegerlos de la pérdida de poder adquisitivo; por otro, la obligación de mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y evitar efectos negativos sobre el empleo y la informalidad. El ordenamiento jurídico busca equilibrar estas dos dimensiones mediante reglas claras para la fijación del salario mínimo.

Puedes leer: Consejo de Estado suspende decreto de aumento del 23,7% al salario vital para 2026

En conclusión, lo que pasará con el salario mínimo en Colombia dependerá del desarrollo del proceso jurídico y de la capacidad del Gobierno para justificar técnicamente el aumento decretado. Por ahora, el salario mínimo vigente se mantiene, no hay reversión automática de pagos y el auxilio de transporte continúa aplicándose. 

📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 Míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.