"Es una decisión contra los trabajadores", Gobierno y sectores progresistas rechazan suspensión del aumento del salario mínimo vital

Las críticas incluyen llamados a la movilización social y advierten posibles jornadas de protesta en defensa de los derechos laborales.
"Es una decisión contra los trabajadores", gobierno y sectores progresistas rechazan suspensión del aumento del salario vital

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7 %, generó una fuerte reacción de rechazo por parte de sectores progresistas, miembros del Gobierno y figuras políticas afines al Ejecutivo, quienes calificaron la medida como un golpe a los derechos y la dignidad de los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue uno de los primeros en pronunciarse y aseguró que se trata de una decisión “contra la dignidad y los derechos de los trabajadores de Colombia”. Según afirmó, el Gobierno mantendrá su compromiso con la defensa del llamado salario vital y evaluará los pasos a seguir junto con el presidente Gustavo Petro. Sanguino advirtió, además, que la situación podría derivar en una convocatoria a movilizaciones sociales, incluso con escenarios como una huelga general o un estallido social, y recordó que ya está en marcha un proceso constituyente.

La medida del Consejo de Estado suspende de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno Nacional y ordena al Ejecutivo emitir y publicar, en un plazo máximo de ocho días calendario, un nuevo decreto que establezca un aumento salarial transitorio para el presente año. Este ajuste regirá mientras se profiere una sentencia definitiva dentro del proceso judicial.

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Desde el Congreso, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda calificó la decisión como “arbitraria y regresiva” y la señaló como un atentado contra las políticas sociales del Gobierno. En su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que la suspensión del salario vital profundiza la desigualdad social y demuestra resistencia a reconocer derechos a los sectores más vulnerables. “El país cambió”, afirmó, al tiempo que anticipó que el rechazo a la medida se expresará en las calles mediante movilización social.

En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró que la decisión tiene un trasfondo político y acusó a las élites con influencia en el Congreso y las altas cortes de oponerse a políticas que beneficien a los menos favorecidos. Benedetti sostuvo que en las próximas semanas se evidenciará quiénes están del lado de los sectores populares y quiénes respaldan los intereses de las élites.

Por su parte, el precandidato presidencial Roy Barreras calificó la suspensión del incremento salarial como una “afrenta” y la describió como una decisión “insensible” frente a la realidad social del país.

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Por su parte, Carolina Corcho, cabeza de lista al senado por el Pacto Histórico afirmó que esta decisión "es un exabrupto jurídico, que invade las funciones constitucionales que le otorga la Constitución al Presidente de la República" y añade que apoyará la convocatoria a la movilización y el paro Nacional "con el objetivo de derogar" esta decisión.

 


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