Corte Suprema de EE. UU. cuestiona los aranceles de Trump

En una sesión de casi tres horas, la Corte Suprema de Estados Unidos examinó este miércoles la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca. La discusión se centró en determinar si el mandatario puede, amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), imponer tarifas sin aprobación del Congreso ni límites de alcance o duración.

Tres jueces de tendencia conservadora —John Roberts, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch— se unieron a sus colegas progresistas en cuestionar el uso de la IEEPA para fijar gravámenes generalizados a países como México, Canadá y China, medida que Trump justificó como respuesta al tráfico de migrantes y fentanilo hacia Estados Unidos.

El presidente del tribunal, John Roberts, advirtió que la ley nunca se había utilizado para fijar aranceles y que su aplicación actual “confiere una autoridad mayor” de la prevista originalmente por el Congreso. “Los impuestos son competencia del poder legislativo, y los aranceles son impuestos”, recordó por su parte la jueza Sonia Sotomayor.

El centro del debate: ¿emergencia económica o poder ilimitado?

La Casa Blanca argumentó que los decretos firmados por Trump son legales porque los aranceles se usan como herramienta de política exterior ante una “emergencia nacional”. El procurador John Sauer, representante del gobierno, defendió que la IEEPA otorga “amplios poderes” para “regular las importaciones” y proteger la seguridad nacional, no para recaudar impuestos.

Sin embargo, los magistrados Kagan, Barrett y Gorsuch insistieron en que la ley no menciona expresamente la facultad de imponer aranceles, y que extender esa interpretación significaría entregar al Ejecutivo un poder económico sin controles.

El juez Gorsuch fue especialmente crítico: “El Congreso no puede retomar este poder una vez se lo ha entregado al presidente. Es un crecimiento gradual de poder en la Rama Ejecutiva que se aleja de los representantes elegidos por el pueblo”.

Consecuencias económicas y políticas para EE. UU.

El caso no solo determinará el futuro de los aranceles que actualmente gravan importaciones de América del Norte y Asia; también definirá el alcance de la autoridad presidencial sobre la política comercial. Un fallo favorable a Trump podría expandir el uso de decretos económicos unilaterales y consolidar los aranceles como herramienta política. Por el contrario, una decisión en contra podría devolver al Congreso el control sobre la política arancelaria, limitar el poder presidencial y obligar a renegociar buena parte de la estrategia comercial de la Casa Blanca.

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Los tribunales federales inferiores ya habían fallado en contra de los decretos presidenciales, al considerar que Trump excedió su autoridad al invocar la ley de emergencias para fijar gravámenes universales. Sin embargo, las medidas permanecen vigentes mientras la Corte Suprema emite su veredicto.

Trump defiende los aranceles como “cuestión de vida o muerte”

En la víspera de la audiencia, el mandatario republicano reiteró que los aranceles son “una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos”. Desde su regreso al poder, Trump ha elevado los gravámenes a niveles no vistos desde la década de 1930, usándolos como instrumento de presión económica y diplomática frente a aliados y competidores.

El gobierno sostiene que una revocatoria total provocaría represalias comerciales y dejaría a Estados Unidos sin herramientas para responder ante crisis globales. Pero para sus críticos, la estrategia constituye un abuso de poder que erosiona el principio constitucional de equilibrio entre ramas del Estado.

Una decisión con impacto global

El fallo del máximo tribunal, esperado en las próximas semanas, marcará el rumbo del comercio internacional y la relación de Estados Unidos con sus principales socios. En juego está no solo la validez de los aranceles actuales, sino también la posibilidad de que Trump utilice la misma figura para imponer nuevas tarifas sobre productos europeos o latinoamericanos.

Lo que la Corte decida determinará si la política comercial de su segundo mandato se rige por límites legales o por la discrecionalidad presidencial.

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