Obesidad y diabetes representarían restricción para visa en EE. UU.

Una directriz reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgada inicialmente por The Washington Post, instruyó a embajadas y consulados a incorporar indicadores de salud no contagiosa —como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer— en la evaluación de visas temporales y de residencia. El documento, enviado por el secretario de Estado Marco Rubio a las misiones diplomáticas, amplía el alcance tradicional de la regla de “public charge”, que permite negar visas si el solicitante podría representar una carga para los recursos públicos en el futuro.

El cable no establece prohibiciones automáticas, pero sí orienta a los oficiales consulares a evaluar si determinadas condiciones médicas pueden implicar tratamientos de alto costo y, por tanto, un riesgo fiscal para Estados Unidos. Esta política introduce un margen mayor de discrecionalidad en el análisis, que dependerá del país, del historial económico del solicitante y del tipo de visa solicitada.

La información ha generado inquietud entre organizaciones migratorias y potenciales beneficiarios latinoamericanos, incluidos los solicitantes colombianos. Aunque la medida no modifica la ley de inmigración, sí cambia el estándar práctico de evaluación, lo que abre un periodo de incertidumbre sobre cómo se aplicará en cada consulado.

Qué implica el cambio para solicitantes temporales y residentes

La regla de “carga pública” existe desde hace décadas, pero históricamente se centraba en evaluar si un solicitante dependía o podría depender de ayudas sociales específicas. La nueva guía agrega elementos médicos que antes no formaban parte de ese análisis, especialmente tratándose de condiciones crónicas no transmisibles.

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Para visas temporales —incluyendo turismo, negocios o estudios— los oficiales deberán valorar la condición médica junto con otros factores: solvencia económica, acceso a seguro de salud, empleo estable, vínculos familiares y capacidad de asumir costos médicos sin recurrir a fondos públicos. Aunque el cable no exige nuevos exámenes médicos, sí autoriza que estos criterios influyan en la decisión final.

En las solicitudes de residencia permanente, la evaluación es más rigurosa. Los consulados pueden considerar que la ausencia de un plan de cobertura médica robusto, combinada con enfermedades crónicas de alto costo, representa un riesgo fiscal. Especialistas consultados por medios estadounidenses señalan que esta amplitud en los criterios puede producir decisiones inconsistentes entre países o incluso entre diferentes oficiales dentro de la misma misión diplomática.

Reacciones, cuestionamientos y contexto político

Organizaciones de defensa de migrantes en Estados Unidos advirtieron que el nuevo lineamiento puede afectar desproporcionadamente a personas de bajos ingresos y minorías, dado que varias de las condiciones mencionadas —como la obesidad— están asociadas a determinantes sociales de salud. Expertos en derecho migratorio señalaron que, aunque la guía no constituye un cambio legal, en la práctica puede restringir la movilidad de personas con enfermedades controladas que no representan un riesgo para la salud pública.

La directriz surge en un contexto político en el que la administración Trump ha impulsado políticas migratorias más restrictivas y un mayor escrutinio económico sobre los solicitantes. El cable confirma la continuidad de esa línea y anticipa que habrá litigios y solicitudes de mayor claridad por parte de organizaciones civiles.

Se espera que, en las próximas semanas, el Departamento de Estado precise los alcances de la guía y los consulados definan protocolos internos para su aplicación. Mientras tanto, miles de solicitantes en la región enfrentarán un escenario de evaluación más estricto, marcado por incertidumbre y criterios ampliados que se podrían catalogar como otra forma de discriminación hacia los migrantes.