Senado de EE. UU. mantiene vía libre para que Trump actúe militarmente contra Venezuela

El Senado estadounidense bloqueó una resolución bipartidista que buscaba restringir los poderes del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Venezuela. Con 51 votos en contra y 49 a favor, la mayoría republicana frenó la iniciativa liderada por los demócratas junto a los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski, ambos del Partido Republicano.

La resolución, presentada bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, exigía una autorización formal del Congreso antes de cualquier intervención militar en el país suramericano. Sus impulsores advertían sobre el riesgo de una guerra no declarada impulsada por el Ejecutivo, mientras Trump continúa desplegando operaciones en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico.

“Una intervención militar no puede ser decisión de una sola persona”, dijo el senador Rand Paul durante el debate. “No estamos autorizando una guerra sin fecha, sin estrategia y sin explicación”. Pero la mayoría del bloque republicano argumentó que restringir al Presidente debilitaría la capacidad de respuesta frente a amenazas regionales.

🇺🇸🗣️#Internacional | El Senado estadounidense debatió hoy una resolución que busca imponer limites al presidente Donald Trump en relación con los ataques en el Caribe que han sido sin los avales del Congreso.

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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 7, 2025

Tensión en el Caribe

Desde septiembre, el gobierno de Trump ha intensificado la presencia militar en aguas del Caribe. Buques de guerra, helicópteros y patrullajes aéreos han sido desplegados como parte de una supuesta campaña contra el narcotráfico que, según cifras oficiales, ha dejado más de 60 muertos a raíz de ataques a embarcaciones civiles que constituirían violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. Aunque el Ejecutivo asegura que se trata de ataques a embarcaciones "sospechosas", organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, han cuestionado la legalidad y el uso excesivo de la fuerza.

En la práctica, estas operaciones han acercado a Washington a un escenario de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Trump ha negado que se esté preparando una invasión terrestre, pero no ha descartado nuevas ofensivas si los “intereses de seguridad de EE. UU.” se ven amenazados.

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América Latina en alerta

La discusión de la resolución en el Senado generó reacciones en varios países de América Latina. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente cualquier intento de intervención en la región y ha reiterado que América Latina es una zona de paz. A través de sus redes sociales, el mandatario había advertido este jueves que "Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales".

El jefe de Estado ha impulsado iniciativas diplomáticas para resolver la crisis venezolana y, en los últimos meses, ha reiterado que el camino debe ser el diálogo, no la confrontación.

En Caracas, el gobierno denunció el cuarto asedio de bombarderos B-52 que surcaron en los límites continentales del país. Una señal de amenaza que ha sido reiterada durantes las últimas semanas.

Una decisión con implicaciones

Aunque la resolución no tenía carácter vinculante para frenar las decisiones del Ejecutivo, su aprobación habría enviado un mensaje político claro sobre los límites constitucionales en el uso de la capacidad militar norteamericana, altamente destructiva y sobre la que se requiere prudencia en las decisiones. Organizaciones de derechos humanos y pacifistas consideran que el rechazo del Senado debilita los controles institucionales y abre la puerta a una acción unilateral que podría desestabilizar la región.

Mientras tanto, el Congreso seguirá debatiendo nuevas medidas para frenar una intervención. El senador Tim Kaine, uno de los autores de la iniciativa, aseguró que volverá a presentar el proyecto, advirtiendo que “una guerra no autorizada es un precedente peligroso para la democracia”.