Human Rights Watch califica como "ejecuciones extrajudiciales" los bombardeos de Trump contra embarcaciones

Human Rights Watch (HRW) alzó la voz este jueves para calificar como ejecuciones extrajudiciales los ataques aéreos estadounidenses contra dos embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela, operaciones que han dejado un saldo de al menos 14 personas muertas bajo acusaciones de narcotráfico.

La directora de la organización en Washington, Sarah Yager, fue contundente al señalar que "los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas", y subrayó que la lucha antidrogas "no es un conflicto armado" que justifique el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Dos ataques en septiembre

La controversia se desató tras el anuncio presidencial del 2 de septiembre, cuando Donald Trump reveló que fuerzas estadounidenses habían bombardeado una pequeña embarcación en aguas internacionales, procedente supuestamente de territorio venezolano. El ataque causó once víctimas fatales, identificadas por la Casa Blanca como integrantes del Tren de Aragua, calificado por Washington como organización terrorista extranjera.

Trump compartió posteriormente material visual aéreo de la explosión, cuyo análisis permitió a HRW verificar la presencia de al menos seis ocupantes en la embarcación. Sin embargo, persisten dudas sobre la ubicación exacta y el momento preciso del bombardeo.

Trece días después, el mandatario estadounidense confirmó una segunda operación similar contra otra embarcación, también originaria de Venezuela según las autoridades, que cobró tres vidas adicionales. Las imágenes difundidas muestran dos personas a bordo momentos antes de la detonación, aunque nuevamente sin confirmación independiente del lugar y hora del ataque.

Amenaza de Trump

A través de Truth Social, su plataforma digital preferida, Trump lanzó una advertencia explícita: "Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos".

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Marco legal internacional vulnerado

HRW fundamenta su denuncia en la violación del marco jurídico internacional de derechos humanos, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento ratificado por Estados Unidos que salvaguarda el derecho fundamental a la vida.

La organización enfatiza que las normas internacionales obligan a las autoridades a priorizar la preservación de vidas y minimizar daños colaterales en cualquier operación, reservando el uso de fuerza letal exclusivamente para situaciones donde sea absolutamente necesario enfrentar amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.

"Las autoridades estadounidenses omitieron estos procedimientos esenciales en ambos bombardeos, incluyendo la renuncia a intentar la captura de los sospechosos", argumenta HRW, concluyendo que la propia narrativa oficial estadounidense "confirma que se trató de ejecuciones extrajudiciales".

Erosión de controles internos

La organización humanitaria contextualiza estos ataques dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para "desmantelar los mecanismos internos de supervisión militar", alertando sobre el vaciamiento de las "protecciones fundamentales que garantizan el respeto al derecho internacional".

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Exigencias de rendición de cuentas

Sarah Yager demandó el cese inmediato de "cualquier planificación de futuros bombardeos ilegales" y la garantía de que "todas las operaciones militares se ajusten al derecho internacional humanitario y de derechos humanos".

Paralelamente, instó al poder legislativo estadounidense a "iniciar una investigación expedita y transparente sobre los mecanismos de decisión que llevaron a estos ataques, incluyendo las justificaciones jurídicas y la estructura de comando involucrada".

El caso plantea interrogantes sobre los límites de la acción militar estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y sienta un precedente preocupante para el uso de fuerza letal en operaciones extraterritoriales.

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