Comando Sur de EE. UU. reportó nuevo bombardeo en el Pacífico: dos personas asesinadas y un sobreviviente

El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes que ejecutó un nuevo bombardeo contra una embarcación en el Pacífico oriental, hecho que dejó dos personas asesinadas. En la misma publicación sostuvo que una tercera persona sobrevivió y que notificó a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate.

Washington justificó el ataque con una supuesta afirmación de inteligencia: dijo que la embarcación "transitaba" por "rutas conocidas de narcotráfico" en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. Sin embargo, no existen evidencias claras sobre el contenido que transportaba el navío.

El episodio se suma a las denuncias internacionales sobre el uso de fuerza letal de Estados Unidos en altamar. Expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han advertido que matar a ocupantes de embarcaciones sin captura ni control judicial puede constituir ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilícitos.

Las críticas sobre estas operaciones han sido reiteradas por los diferentes gobierno en América Latina, pueso el uso indiscriminado de fuerza letal reemplaza el debido proceso de captura e investigación. En términos jurídicos, el estándar internacional exige legalidad, necesidad y proporcionalidad; la fuerza letal solo es admisible como último recurso ante una amenaza inminente a la vida.

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Las denuncias: ejecuciones extrajudiciales en el mar

En noviembre de 2025, expertos de la ONU alertaron por ataques letales “repetidos y sistemáticos” de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental y señalaron que, sin garantías, esas muertes pueden constituir “homicidios ilícitos” y ejecuciones extrajudiciales.

Human Rights Watch ha cuestionado que Estados Unidos use fuerza militar letal en un escenario que, por su naturaleza, corresponde a aplicación de la ley: interdicción, captura, pruebas y judicialización. Amnistía Internacional ha sostenido que interceptar estas embarcaciones es una operación policial y que el derecho internacional solo permite matar cuando no hay alternativa para proteger la vida, con obligación posterior de rendición de cuentas.

El Comando Sur sostiene que actuó con base en inteligencia. Las denuncias exigen otra cosa: investigación independiente, transparencia sobre el operativo y garantías de que el océano no funcione como una zona sin juez, donde un Estado decida quién vive y quién muere sin el debido proceso.

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