Señal Investigativa reveló que 14 congresistas están vinculados a investigaciones por presunta ocupación ilegal de baldíos de la nación

Catorce congresistas de diferentes partidos están vinculados a investigaciones de la Agencia Nacional de Tierras por presuntamente haberse apropiado de predios que figuran como baldíos de la nación, reveló este domingo Señal Investigativa, la alianza periodística entre Señal Colombia y la Revista Raya. De esos 14, diez fueron reelegidos en las elecciones del 8 de marzo y ocuparán curul en el nuevo Congreso que comienza el 20 de julio.

Los congresistas investigados son Luis Eduardo Díaz Mateus, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda y Nicolás Barguil, del Partido Conservador; Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical; Ana Paola García Soto y José Alfredo Gnecco Zuleta, del Partido de la U; Lidio García, del Partido Liberal; y Óscar Villamizar y Enrique Cabrales, del Centro Democrático.

El primo de Paloma Valencia y 6.000 hectáreas en Vichada

Uno de los casos más llamativos no involucra a un congresista sino a un familiar de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia. Nicolás Laserna Serna, primo de Valencia, habría ocupado indebidamente durante más de ocho años un predio de aproximadamente 6.000 hectáreas en el municipio de La Primavera, Vichada, conocido como finca Buenavista. La Agencia Nacional de Tierras determinó que ese predio tiene condición de baldío de la nación y ordenó recuperarlo para entregarlo a campesinos de la región como parte de la reforma agraria.

En la misma región, la ANT estableció que un predio de más de 370 hectáreas cerca de Puerto Carreño, presuntamente explotado por personas cercanas al congresista de Cambio Radical Carlos Cuenca Chaux, también tendría condición de baldío. El proceso está en etapa de apelación y, si se confirma, el terreno también sería destinado a la reforma agraria.

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Por qué el Congreso bloqueó la Jurisdicción Agraria

Señal Investigativa señaló que detrás del bloqueo sistemático a la Jurisdicción Agraria —uno de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 que llevaría seis naufragios en el Congreso— existe un conflicto de intereses evidente: los mismos congresistas investigados por ocupación de baldíos son quienes han tenido el poder de impedir que avance una ley que crearía jueces especializados para resolver disputas sobre tierras rurales y que facilitaría precisamente la recuperación de predios como los que ellos presuntamente ocupan.

Durante todo 2025, el Congreso saliente se negó a discutir el proyecto pese a que existía consenso entre todos los partidos para sacarlo adelante. El proyecto ya tiene recorrido: la reforma constitucional que permitía crear esa justicia ya fue aprobada, al igual que la ley que la diseñaba. Solo falta la ley que define las competencias de los jueces agrarios. El Congreso tiene la última palabra.

Las Islas del Rosario y los nuevos nombres que vienen

El programa también documentó el caso de las Islas del Rosario en el Caribe colombiano, ocupadas durante décadas por familias de élite a través de contratos de arrendamiento a precios irrisorios. El gobierno del presidente Petro decidió poner fin a esos contratos y recuperar las islas.

Antes de la posesión del nuevo Congreso el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tierras prepara un nuevo informe con nombres adicionales de congresistas vinculados a terrenos presuntamente baldíos. Los campesinos, mientras tanto, esperan que la Jurisdicción Agraria sea por fin aprobada.

La ñapa: el escolta del secretario de la Cámara y 145 millones en efectivo

En la sección de cierre del programa, Señal Investigativa reveló que días antes de las elecciones del 8 de marzo, la Policía interceptó en La Guajira un vehículo en el que se movilizaba el escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, con 145 millones de pesos en efectivo distribuidos en siete sobres de manila acompañados de propaganda política del senador electo Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

Lacouture negó cualquier vínculo con un posible delito electoral, pero gestionó de inmediato la defensa jurídica de su escolta a través del abogado Iván Cancino, a quien él mismo había condecorado en el Congreso meses antes. Informes de la Unidad de Análisis Financiero revelaron además que Lacouture realizó siete giros a particulares por más de 130 millones de pesos a finales de enero, dineros que no salieron de sus cuentas bancarias.

El programa también documentó que en la Fiscalía existen al menos tres procesos en los que Lacouture aparece señalado de presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente de Ferrocarriles Nacionales entre 2011 y 2017, incluyendo vínculos con contratos de Odebrecht y con la IPS Emcosalud, señalada de haber pagado una coima al exsenador Ñoño Elías, primo político de Lacouture.

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