CELAG advierte sobre falencias en el preconteo del formulario E-14: "queda en manos de contratistas privados"

Un análisis técnico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) sobre el funcionamiento de la transmisión de resultados preliminares en Colombia advierte que buena parte del proceso posterior al cierre de las urnas queda en manos de contratistas privados, sin participación directa de funcionarios estatales y con vacíos normativos que, según expertos y documentos revisados, abren espacios para errores operativos y problemas de trazabilidad.

El informe describe una cadena de siete etapas que comienza en las mesas de votación y termina con la publicación de boletines preliminares, conocidos como preconteo. Aunque estos resultados no tienen validez jurídica definitiva, los escrutinios oficiales son los que determinan el resultado final, el sistema es crucial porque define la primera fotografía electoral que recibe el país y suele marcar la narrativa política de la jornada.

Según el documento, uno de los principales puntos críticos aparece desde el diligenciamiento del formulario E-14, el acta en la que los jurados registran los votos obtenidos por cada candidato o partido. 

#Elecciones2026 l El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en su más reciente informe, relata las falencias existentes en el proceso de preconteo previo a la elección del presidente de Colombia el próximo 31 de mayo; el informe reconstruye las siete etapas… pic.twitter.com/Kix9Lp6J0E

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 28, 2026

La cartilla oficial, señala el análisis, no establece un mecanismo obligatorio de verificación cruzada entre las tres copias del formulario. En la práctica, los jurados suelen dividirse las hojas y llenar cada ejemplar por separado, lo que incrementa el riesgo de inconsistencias, especialmente en elecciones legislativas complejas como las del Senado de 2022, donde el E-14 llegó a tener 11 páginas.

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El reporte sostiene que, a partir de ese momento, los datos “abandonan el control estatal”. Los resultados son dictados telefónicamente por operadores contratados y transcritos manualmente por otro contratista en los Centros de Recepción Telefónica (CRT), introduciendo una segunda capa de digitación sin contraste inmediato con el acta original.

La investigación también pone el foco sobre la ausencia de vigilancia partidista en esa etapa. Mientras en las mesas de votación y en los escrutinios oficiales los partidos pueden acreditar testigos electorales, no existiría una supervisión equivalente dentro de los CRT, donde se realiza la recepción y transcripción de resultados preliminares.

Otro de los elementos señalados es la figura del llamado “patinador”, una persona encargada de transportar físicamente formularios dentro de los centros operativos. Según el documento, esta función no aparece regulada en normas públicas conocidas y su existencia se conoce principalmente por testimonios de contratistas vinculados al sistema.

Posteriormente, los formularios son escaneados y procesados mediante software de reconocimiento de imágenes. Sin embargo, el análisis advierte que cuando el sistema no logra interpretar ciertos datos, las correcciones se hacen manualmente y nuevamente sin un mecanismo automático de contraste con el documento original.

El estudio subraya además que el preconteo carece de una regulación específica en el Código Electoral colombiano. Tampoco existiría, según el informe, un protocolo técnico-operativo público que detalle estándares obligatorios de trazabilidad, auditoría y control. Los boletines emitidos durante esa etapa no tienen efectos jurídicos vinculantes, aunque sí poseen un enorme impacto político y mediático.

Como contraste, el análisis compara el modelo colombiano con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de México, considerado uno de los sistemas más robustos de América Latina en materia de publicación rápida de resultados.

A diferencia de Colombia, el PREP mexicano está expresamente regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cuenta con protocolos técnicos publicados antes de cada elección. El sistema mexicano elimina buena parte de las transcripciones manuales mediante la digitalización directa de actas desde las mesas de votación e incorpora mecanismos de verificación cruzada y trazabilidad mediante identificadores criptográficos.

La comparación pone de relieve diferencias estructurales en transparencia y auditoría. Mientras el modelo mexicano permite rastrear el dato publicado hasta el acta original con controles digitales verificables, el sistema colombiano todavía depende ampliamente de procedimientos manuales y operadores privados.

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El debate emerge en un momento de creciente polarización política alrededor de los procesos electorales en Colombia y de cuestionamientos recurrentes sobre la transparencia del preconteo, especialmente después de las controversias registradas en las elecciones legislativas de 2022, cuando el escrutinio oficial modificó significativamente los resultados preliminares difundidos la noche electoral.

Aunque no existen pruebas públicas de fraude sistemático derivadas del esquema descrito, el informe sostiene que las vulnerabilidades operativas acumuladas pueden afectar la confianza ciudadana y evidencian la necesidad de una modernización integral del sistema de transmisión de resultados.

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