Juez legaliza capturas de cuatro integrantes de banda señalada del secuestro y asesinato del profesor Neill Cubides

Un juez de control de garantías avaló en la madrugada del jueves los procedimientos policiales ejecutados contra los presuntos responsables del crimen que conmocionó a la comunidad universitaria bogotana.
Juez legaliza capturas de cuatro integrantes de banda señalada del secuestro y asesinato del profesor Neill Cubides

A las 3 de la madrugada de este jueves, un juez de control de garantías legalizó los allanamientos, capturas e incautaciones adelantados en las localidades de Bosa y San Cristóbal contra cuatro hombres sindicados por la Fiscalía General de la Nación de integrar la red delincuencial que retuvo, torturó y asesinó al docente de la Universidad Externado de Colombia, Neill Cubides.

Los capturados fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

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Junto con la legalización de las capturas, el juez también avaló la incautación de dos vehículos, tres teléfonos celulares y una tarjeta de operación de transporte público, elementos que los investigadores consideran piezas clave dentro del proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro detenidos harían parte de una organización criminal que interceptó al profesor Cubides minutos después de que abordara un taxi en inmediaciones de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, en la noche del 15 de enero. Desde ese momento, el docente permaneció en poder del grupo hasta su muerte.

Según las investigaciones preliminares, el profesor habría sido víctima de un secuestro extorsivo que derivó en un caso de extrema violencia. Durante los días en que permaneció retenido, habría sido trasladado a distintos puntos de la ciudad y sometido a torturas, mientras los responsables intentaban obtener beneficios económicos. Su desaparición activó una intensa búsqueda por parte de familiares, colegas y autoridades, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, rastreo de comunicaciones y operativos en varias zonas de Bogotá.

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El hallazgo de su cuerpo días después confirmó la gravedad del crimen y elevó la presión sobre las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El caso también puso en evidencia las dinámicas de bandas dedicadas al “paseo millonario” y al secuestro en la capital, generando llamados a reforzar las medidas de seguridad en el servicio de transporte informal.


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