Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe desolador sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre 2016 y 2025, la entidad documentó 972 asesinatos, lo que promedia alrededor de casi 100 muertes por año. 

La violencia está vinculada al narcotráfico, la minería y la tala ilegal, y afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk fue incisivo en mencionar que "es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo" para ser defensor de derechos humanos" 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se produjo un aumento gradual en el número de asesinatos vinculado principalmente al conflicto armado y la ausencia del Estado en zonas donde las FARC-EP tienen control.

Asimismo, el informe establece un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y la trata de personas y destaca que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 fueron asesinados 410 activistas, de los cuales, el 23% eran indígenas.

La Oficina indica "las comunidades afrodescendientes y campesinas, las juntas de acción comunal, los líderes ambientales, las defensoras de derechos humanos, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y los líderes políticos también fueron blanco de ataques" 
 

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Un enfoque integral para garantizar la vida de los defensores de derechos humanos

La ONU recomienda consolidar políticas publicas eficaces, implementar reformas institucionales esenciales, promover investigaciones penales para capturar y judicializar de manera efectiva a los perpetradores y desarrollar mecanismos de protección adecuados a las realidades sobre el terreno. 

El informe reconoce que el actual gobierno ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, incluyendo:

• El reconocimiento público de la gravedad del problema
• La apertura de un diálogo de alto nivel con organizaciones de la sociedad civil
• La adopción de acciones preventivas e inmediatas en situaciones urgentes
• El desarrollo de una política nacional sobre defensores
   

No obstante, señala que el estado no ha podido revertir los patrones de violencia contra los defensores de derechos humanos y no se han superado los desafíos estructurales para brindar la protección integral a estos garantes. 

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