La deportación de al menos 288 migrantes, en su mayoría venezolanos y salvadoreños, por parte del gobierno de Estados Unidos ha desatado una ola de críticas internacionales. Este miércoles, un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas denunció que estas personas fueron expulsadas sin garantías judiciales y recluidas en condiciones extremas en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Según los expertos, Washington recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una norma concebida para contextos de guerra— para justificar las deportaciones, lo que consideran una aplicación "incorrecta" y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. “La falta del debido proceso ha llevado a decisiones arbitrarias de deportación”, señala el pronunciamiento firmado por cerca de 20 relatores y expertos, quienes, aunque designados por el Consejo de Derechos Humanos, actúan a título personal.
Alarmed by illegal deportation of over 250 Venezuelan and Salvadoran men from the United States to El Salvador, UN experts say US Government must stop using the Alien Enemies Act or any other law to summarily deport people.https://t.co/4anPp1eHvT pic.twitter.com/q2ZvxvbN8N
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) April 30, 2025
Los migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión creada por el presidente Nayib Bukele para encarcelar a presuntos pandilleros. Allí se encuentran al menos 252 ciudadanos venezolanos, muchos de ellos acusados de integrar el grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por Estados Unidos.
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La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards, expresó su alarma por la situación: “Estoy muy preocupada por el CECOT. Hay denuncias de aislamiento prolongado, golpizas, muertes por desnutrición, estrangulamiento. Esto puede convertirse en el nuevo Guantánamo”.
El informe denuncia además que, pese a las decisiones judiciales en EE. UU. que han solicitado la revisión de algunos casos, tanto Washington como San Salvador han rechazado permitir el retorno de los migrantes. Los expertos llamaron a ambos gobiernos a cooperar en su devolución “si así lo desean los afectados y se confirma la ilegalidad del proceso”.
Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela celebró el pronunciamiento de la ONU y destacó la condena implícita a la utilización de una ley “obsoleta y descontextualizada” para expulsar a connacionales.
La controversia se agrava con las crecientes alertas sobre las condiciones en las cárceles salvadoreñas. Los expertos han solicitado acceso inmediato para mecanismos independientes de monitoreo en el CECOT, cárcel que ha sido criticada por organismos internacionales desde su apertura.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con académicos y juristas de diversos países, enviaron una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que califican el acuerdo entre Trump y Bukele como “una grave violación del derecho internacional”.
El gobierno de Donald Trump, en sus primeros 100 días de regreso a la Casa Blanca, ha endurecido nuevamente su política migratoria, retomando medidas excepcionales que restringen derechos a los migrantes, y provocando reacciones adversas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
