El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes una "asistencia de viaje" y el pago de 1.000 dólares a los migrantes que usen una aplicación gubernamental para "autodeportarse".
Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el magnate republicano tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a "autodeportarse".
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país.
"Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen", declaró Trump a periodistas durante un acto en la Casa Blanca.
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El gobierno calcula que el uso de la aplicación "reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%", incluso con el pago de la ayuda.
Actualmente, el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular "es de 17.121 dólares", según la administración. Según el DHS, un hondureño ya utilizó el programa "para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras".
En una reunión de gabinete en abril, la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem mencionó la cifra de "20, 21 millones de personas que tienen que volver a casa".
Según datos oficiales, en 2022 vivían 11 millones de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en Estados Unidos.
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El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización "terrorista" global.
Washington ha deportado a casi 300 personas a las que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que se prestó a recluirlos al cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros y asociaciones de defensa de los derechos civiles denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso.
*Con información de AFP.
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