La "reparamilitarización" de Colombia a través de las empresas de seguridad privada que denunció el presidente Petro

Este viernes, en su alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro dedicó la mayor parte de su intervención a responder, una por una, las investigaciones publicadas por Caracol Televisión y el diario El Tiempo, en las que se le vincula indirectamente con presuntas irregularidades dentro de organismos de inteligencia y de la Fuerza Pública. Desde el comienzo de su exposición, el mandatario sostuvo que las piezas divulgadas por estos medios no solo carecen de sustento probatorio sólido, sino que hacen parte de una estrategia más amplia que, según explicó, termina revelando un problema estructural de mayor gravedad: la intención de ocultar el uso de empresas privadas de vigilancia para la creación de un nuevo fenómeno de paramilitarización en el país.

El jefe de Estado anunció que su Gobierno ya activó investigaciones internas y pidió celeridad judicial para esclarecer los hechos que rodean estas revelaciones desde la prensa. Sostuvo que lo ocurrido compromete no solo la legalidad de los procedimientos mediáticos empleados, sino la seguridad nacional y la estabilidad de la institucionalidad. Desde chats creados con inteligencia artificial, hasta supuestas conversaciones que vinculan a personas que no tienen ninguna conexión entre sí, serían los referentes del mandatario para exigir a la Fiscalía claridad y, como lo había expresado días atrás, investigación forense de profundidad para las supuestas pruebas presentadas en medios de comunicación.

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Grabaciones, suplantación y exigencia de rectificación a El Tiempo

El Presidente se refirió en primer lugar a unas grabaciones en las que, según las versiones publicadas, altos oficiales de la Policía habrían hablado con una persona identificada como “Wilmar”. Al respecto afirmó que en dichas grabaciones se escucha a oficiales que “le dicen a un señor de nombre Wilmar que les ayude a mantener el puesto, como si yo le estuviera haciendo caso al señor Wilmar que sí es miembro del DNI”.

Frente a ello, explicó que él cuenta con diversas fuentes para valorar ascensos y permanencias dentro de organismos de inteligencia, y precisó el contexto real del intercambio: “En la conversación entre el señor Quitián, que perteneció a inteligencia de la Policía y que sigue actuando activamente; y otra persona que descubrimos quién es, que ha declarado que podemos demostrar perfectamente [que] no es el señor Wilmar”.

El jefe de Estado aseguró que solicitó formalmente a El Tiempo la rectificación de esa información y que, hasta ahora, el medio no ha atendido esa petición. Añadió que, en su criterio, se trató de una conversación entre particulares y manifestó su extrañeza frente a su difusión pública: “Lo interesante es ver por qué grabó uno de los integrantes esas conversación, por qué lo pasó a un órgano de inteligencia y por qué se lo pasaron a la prensa”.

En la misma línea, cuestionó la intencionalidad política de dicha divulgación: “¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como Gobierno cuando esa conversación no tenía nada que ver con el Gobierno de Gustavo Petro”. Finalmente, reiteró: “El Tiempo mintió y exigió de nuevo la rectificación, afirmando que tienen a la persona que admitió haber participado en dicha conversación y que no es el director Wilmar Mejía”.

Chats construidos con inteligencia artificial

El Presidente abordó luego las supuestas evidencias audiovisuales presentadas por Caracol Televisión. Según afirmó, parte del material divulgado habría sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.

“Hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión […] se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats; eran conversaciones construidas artificialmente”, explicó el mandatario.

A partir de este hallazgo, el jefe de Estado advirtió que detrás de estas prácticas existiría una intención política de mayor alcance: “Debemos investigar es si, en aras de tratar de construir una nueva presidencia que permita el reingreso de oficiales de diferente graducación en la Policía, el Ejército y la Fuerza Pública, se está haciendo política con armas de tipo judicial que no son correctas”.

Según sostuvo, este tipo de estrategias no solo afectarían al Gobierno, sino que comprometerían directamente la seguridad nacional.

La investigación de Caracol, el caso “Calarcá” y el general Huertas

En su intervención, el Presidente también se refirió a la investigación difundida por Caracol Televisión relacionada con alias “Calarcá”. Precisó que las personas capturadas continúan judicializadas y que el único liberado fue el comandante del grupo: “Han declarado, han entrado al proceso judicial, pero no nos explicamos por qué duraron 16 meses, desde los hechos, en entregarle información a la Fiscalía y hacerla pública con el señor periodista en un momento electoral”.

El mandatario citó una conversación en la que se menciona al general Huertas y se sugiere una infiltración del Gobierno por parte de “Calarcá”. Frente a ello fue categórico: “Aparece una conversación donde se menciona al general Huertas, y se le hace ver cómo el Gobierno de Petro está siendo infiltrado por Calarcá a través del general Huertas (SIC). Tengo que informarles: el general Huertas no hacía parte en ese momento del Gobierno de Colombia”.

Añadió que dicho oficial fue retirado del Gobierno anterior y que solo regresó hasta el año 2025: “¿Por qué entonces en los hechos que acontecieron el año pasado y antepasado se le coloca en esas conversaciones y se le asigna ese hecho como si nuestro gobierno hubiera estado infiltrado”.

El Presidente interpeló también a los organismos de control: “Me gustaría saber de la Procuraduría que lo ha suspendido, cuando no era agente del Estado en ese momento y al señor Wilmar que le falsifica la voz y lo suspenden. ¿Existe la palabra ‘Huertas’, en el espejo o las conversaciones grabadas, o en los escritos por chat del celular del señor Calarcá”.

Advirtió que, si ese contacto no existiera, podría tratarse de un fenómeno de mayor gravedad: “De no existir ese contacto evidente, hay una infiltración real y más peligrosa en las operaciones del Gobierno que aun está por descubrirse”. Y agregó: “Demorar 16 meses nos afectó operacionalmente y decirlo ahora en elecciones nos afecta políticamente”. Por ello concluyó: “Demando como presidente de la República una explicación seria que se puede encontrar fácilmente en la investigación forense que se haga en la Fiscalía”.

La “reparamilitarización” a través de empresas de vigilancia en gobiernos anteriores

En uno de los bloques más extensos de su intervención, el Presidente abordó el tema de la privatización de las armas del Estado y la actuación de empresas de seguridad privada. “El único gobierno que ha descubierto que se ha usado la superintendencia de vigilancia para armar criminales, es el mío”, afirmó. Y procedió a conectar este escándalo en particular con una investigación iniciada hace un años y que revela cómo las armas del Estado terminan en manos de grupos criminales gracias a la figura de las empresas de seguridad privada.

Recordó que una investigación suya en 2007, cuando era parlamentario, derivó en decisiones judiciales de alto impacto: “Armas legales, cobijadas por el Estado a través del Ejército, y permisos legales hechos en la superintendencia de vigilancia, terminaron cubriendo, escoltando y cuidando a los peores criminales de Colombia en los gobiernos pasados”.

El mandatario reveló que desde 1993 “se han otorgado licencias de funcionamiento para 2.019 empresas de vigilancia”, y que “solamente entre 2018 y 2022, el gobierno que me precedió, se realizaron 1.100 trámites para la creación de empresas de vigilancia y armas de fuego. A esto le voy a llamar ‘la reparamilitarización en el gobierno Duque’”.

Explicó que su Gobierno frenó la expansión de estos permisos y denunció la utilización premeditada de un software obsoleto: “Premeditadamente se usó un software antiguo que no permite rastrear a las empresas que solicitaron dichos permisos”.

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Hallazgos sobre armas, empresas inactivas y conexión con el crimen organizado

El Presidente detalló que, de las 2.019 empresas registradas desde 1993, 1.351 permanecen activas: “810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”. Indicó que ordenó investigar a estas empresas “que manejan hombres armados y carros blindados”.

El resultado, sostuvo, confirmó sus denuncias históricas: “Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado”. También reveló que se hallaron 197 empresas inactivas que reportan 62.664 armas, “respecto de las cuales no existe certeza de su utilización y su ubicación actual. No las devolvieron”.

Agregó que “se halló que algunos números de serie de esas armas coinciden con incautados en operativos de la Policía, especialmente en delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal”. Para el mandatario, se trata de “armas legales que están en poder del crimen organizado gracias a empresas de seguridad que están inactivas”.

Informó que 16 licencias de funcionamiento fueron canceladas por haber sido tramitadas irregularmente y que los procesos ya están en manos de la Fiscalía. Precisó que se capturaron los representantes legales de tres empresas de vigilancia: Sara Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda., que operaban como fachadas para entregar carnés a organizaciones criminales. Señaló que entre los beneficiados aparecen alias “Terror”, del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, y alias “Pichi Belén”, de la organización criminal “La Oficina”.

Asimismo, en operativos contra cinco empresas de vigilancia en Barranquilla, se descubrió que socios y escoltas estaban vinculados a investigaciones por homicidio, extorsión y hurto.

Capacidad para desestabilizar al Estado

En el cierre de este bloque, el Presidente afirmó que, según investigaciones de la justicia estadounidense, la organización criminal de alias Iván Mordisco intentó conseguir armamento de largo alcance para asesinarlo. Finalmente, se preguntó si este tipo de acciones se fraguarían contra un jefe del narcotráfico, “como lo ha tildado el gobierno Trump, aliado con la extrema derecha colombiana”.

El entramado de corrupción que proviene desde el mismo Estado ha permitido una especie de carrera armamentista pronunciada en los últimos años que parece haber contribuido significativamente a la agudización del crimen organizado en el país. Dichas estructuras son redes más poderosas de lo que parecen y, según el Presidente, tendrían la capacidad de fraguar una estrategia de desestabilización y llegar incluso a influir en las decisiones del gobierno estadounidense.

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