Sustitución voluntaria: Colombia llega a la reunión con Trump con más de 30.000 ha. comprometidas
Este martes el presidente Gustavo Petro se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en el que la lucha contra el narcotráfico será uno de los asuntos centrales. El Gobierno colombiano llegará con una cifra que pondrá sobre la mesa como argumento principal: 30.112 hectáreas impactadas por sustitución voluntaria, según las cifras más recientes de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El Ejecutivo ha insistido en que esa ruta es más eficaz que la erradicación forzada. La tesis que ha planteado el presidente Petro a partir de los datos es que, cuando la política se reduce a presión militar y arrancar cultivos sin alternativa económica, los sembrados se reubican y vuelven a crecer. En cambio, cuando hay acuerdos con comunidades, pagos, proyectos productivos y verificación, los resultados se sostienen en el tiempo. Esa es la carta que el Gobierno buscará destacar en Washington como soporte de su estrategia antidrogas.
30.112 hectáreas entre los programas PNIS y RenHacemos
En Colombia existen dos programas de sustitución: el PNIS que surgió del Acuerdo de Paz con las FARC, el cual tiene como característica un enfoque en cada familia cultivadora, y RenHacemos, que se plantea como una esrategia enfocada en acuerdos colectivos. El registro oficial desagrega 30.112 hectáreas impactadas así: 17.214 asociadas al PNIS y 12.898 vinculadas a RenHacemos. En el PNIS se habla de hectáreas con entrega de activos; en RenHacemos, de acuerdos vigentes con pagos o insumos en trámite.
La Dirección sostiene que la sustitución se mide por cumplimiento, no por anuncios. Por eso insiste en transferencias condicionadas a erradicación, en algunos casos pagos por servicios ambientales, y en proyectos productivos con salida comercial. El levantamiento efectivo de coca en esas áreas está en validación por Naciones Unidas, según el mismo registro.
La coca está concentrada: 13 municipios suman 50,9%
El mapa territorial que maneja el Gobierno muestra una concentración extrema del cultivo. De 1.104 municipios, 181 registran coca, pero 13 concentran el 50,9% del total nacional medido en 2023. Con una base de 252.572 hectáreas para ese año, esos 13 municipios suman 128.465 hectáreas. Los dos primeros —Tibú (23.030 ha) y Tumaco (23.000 ha)— reúnen cerca de 18,2% del total nacional.
En la lista aparecen además municipios de Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo), Nariño (El Charco, Olaya Herrera, Roberto Payán), Cauca (El Tambo), Norte de Santander (El Tarra) y Antioquia (Valdivia). El patrón es claro: enclaves históricos en departamentos fronterizos y corredores de salida.
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Catatumbo: mercado frenado y presión territorial
El Gobierno también usa el caso de Catatumbo para explicar por qué insiste en sustitución con presencia institucional. Los campesinos están dejando cultivos por presión de la fuerza pública y el mercado se frenó: los compradores temen los operativos y los grupos armados imponen “impuestos” al mercado sin convertirse en compradores.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que la estrategia es político-militar y debe combinar despliegue institucional y presencia social: educación, salud, justicia e inclusión. En esa misma línea, ha planteado que el Estado colombiano o el Gobierno de Estados Unidos podrían comprar producción de campesinos que sustituyen, como mecanismo de estabilización económica.
Sustitución como economía: cacao y mercado de Estados Unidos
El Gobierno insiste en que la sustitución debe sostener ingresos legales. La Dirección de Sustitución proyecta que, desde el tercer año, cada hectárea sustituida podría generar más de $70 millones anuales y que, con cerca de 29.000 hectáreas en proceso, la producción anual llegaría a 68.577 toneladas, con ingresos estimados por $488.472 millones al año.
El cacao es el cultivo con mayor peso en esa proyección: 11.100 toneladas y $270.700 millones anuales. De ahí que el Presidente Petro haya agendado un encuentro con empresarios de este producto en Estados Unidos. Solo en 2024, Estados Unidos importó granos de cacao por US$1,11 mil millones y Colombia aparece con US$1,4 millones, apenas 0,1% del total; por lo tanto, hay oportunidad para escalar una economía legal ligada a exportación.
Con estas cifras y una apuesta política clara de más sustitución voluntaria, menos erradicación forzada, el Presidente buscará sostener en la Casa Blanca que la reducción de rentas ilícitas depende de impulsar las economías legales en territorios donde, por la ausencia de Estado, la coca sigue siendo la moneda y los grupos armados la ley.
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