Gobierno pide al Consejo de Estado que resuelva el limbo judicial que paraliza la protección del agua en la Sabana de Bogotá

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con la que busca destrabar el proceso judicial que mantiene suspendida la entrada en vigencia de este instrumento ambiental estratégico.

La cartera argumentó que, pese a haber cumplido las órdenes impartidas por las autoridades judiciales, las medidas cautelares continúan vigentes, situación que, según el Gobierno, mantiene paralizada una herramienta clave para la protección de ecosistemas y la seguridad hídrica de la región capital.

¿Qué busca la tutela presentada por MinAmbiente?

La acción judicial fue radicada con el objetivo de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.

El Ministerio sostiene que después de meses sin una decisión de fondo, resulta necesario que el alto tribunal adopte una determinación “motivada, definitiva y oportuna” frente a las medidas cautelares que frenaron las directrices ambientales.

Desde la visión del Gobierno Nacional, la discusión ya no es únicamente técnica o ambiental, sino también institucional, debido a que consideran que las actuaciones ordenadas por la justicia fueron cumplidas y debidamente documentadas ante el despacho judicial.

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El documento que sigue suspendido busca definir lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, incluyendo criterios de protección sobre humedales, páramos, acuíferos, suelos rurales y otros ecosistemas estratégicos.

El Ministerio advirtió que la falta de implementación de estas directrices ocurre en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas sobre un posible fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte para 2026.

Según la entidad, el instrumento resulta fundamental para garantizar la seguridad hídrica de más de 10 millones de personas que dependen del sistema ambiental de la región.

¿Qué respondió el Gobierno frente a la suspensión judicial?

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, manifestó el desacuerdo del Ejecutivo con la permanencia de la medida cautelar, aunque reiteró el respeto por las decisiones judiciales.

La funcionaria aseguró que las directrices buscan dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley 99 de 1993, norma que declaró la Sabana de Bogotá y sus ecosistemas como área de interés ecológico nacional.

“Respetamos, pero manifestamos también nuestro desacuerdo con las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene la medida cautelar”, señaló Vélez.

De acuerdo con el Ministerio, el proceso de formulación de las directrices incluyó más de 168 mesas de trabajo, ocho jornadas formales con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH) y espacios de participación territorial e institucional.

La cartera aseguró que en estas discusiones participaron más de 10 mil personas, entre autoridades locales, organizaciones sociales, expertos y ciudadanía.

El Gobierno destacó además que el propio CECH solicitó el levantamiento de la medida cautelar, al considerar que las exigencias judiciales ya habían sido cumplidas.

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Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de implementar cuanto antes las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá, sectores judiciales mantienen congelado el proceso bajo medidas cautelares que aún no tienen una decisión definitiva.

Para el Ministerio, la prolongación de esta suspensión mantiene en incertidumbre uno de los instrumentos ambientales más importantes para el centro del país y retrasa decisiones relacionadas con la protección ecológica y el manejo del agua en la región capital.

*En convergencia con Radio Nacional de Colombia.

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