Gobierno destaca inversión de $416.928 millones en el Instituto Nacional de Cancerología

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el 4 de mayo de 2026 el balance de los recursos transferidos al Instituto Nacional de Cancerología (INC) entre 2022 y 2026: $416.928 millones destinados a garantizar la operación de la entidad, fortalecer su capacidad investigativa y modernizar su tecnología médica.

El anuncio se produce días después de que el INC anunciara la suspensión de servicios a nuevos pacientes de la Nueva EPS por una deuda acumulada de más de $146.000 millones, una crisis que derivó en un acuerdo de urgencia el 30 de abril.

Según el Ministerio, en 2022 el INC arrastraba deudas cercanas a los $207.000 millones. La inyección sostenida de recursos permitió estabilizar financieramente la entidad y asegurar la continuidad de sus servicios para pacientes oncológicos de todo el país.

Cómo se distribuyó la inversión

De los $416.928 millones girados, más de $313.000 millones fueron a funcionamiento institucional. Cerca de $18.000 millones se destinaron a investigación e innovación en cáncer, componente que el Ministerio señala como soporte del liderazgo científico del INC en el país.

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Más de $85.000 millones financiaron dotación de equipos médicos. El Ministerio también anunció recursos proyectados para la producción de medicamentos biosimilares, sin precisar un monto definitivo para ese rubro.

La postura del Gobierno

Frente a la tensión generada por el conflicto con la Nueva EPS, el Ministerio fue explícito en su comunicado: "Resulta inaceptable que, pese a los recursos históricos transferidos, más de $416.000 millones, se amenace con la interrupción de servicios en una entidad que ha sido fortalecida como nunca antes en este Gobierno".

La cartera que la Nueva EPS mantiene con el INC —superior a $146.000 millones según la directora de la entidad, Carolina Wiesner— no proviene de los recursos que el Ministerio transfiere al Instituto para su funcionamiento, sino de servicios prestados a afiliados de esa aseguradora sin que mediara un contrato vigente ni acuerdos de pago. El Ministerio advirtió que de persistir la negativa de atención procedería a interponer denuncias penales y quejas disciplinarias.

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