La conectividad del país alcanzó una cobertura del 74% y en las zonas rurales del 42%

El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es fundamental para el desarrollo de cualquier país, pues juega un papel determinante en el desempeño económico, al brindar las bases administrativas y operativas que requiere el sistema productivo. 

Resultados en acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs

Las tecnologías también permiten mejor educación y mayor inclusión social, por lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha enfocado en la disminución de las brechas de conectividad, que han afectado principalmente, a las regiones más apartadas del país. 

La conectividad es un primer paso, tras el cual se requiere inversión productiva y fortalecimiento de cadenas comerciales, así como el apoyo a redes de innovación, investigación y desarrollo. La infraestructura tecnológica de información y comunicaciones del país se ha visto amplificada por el despliegue de más de 4500 kilómetros de fibra óptica. 

Pero, los resultados más significativos se encuentran en la ruralidad, que había sido tradicionalmente marginada de los avances en esta materia. El número de escuelas rurales con acceso al servicio de internet llegó a cerca de 19.500 para fines de 2025 (lo que representa cuatro veces la cantidad encontrada en 2022: solo alrededor de 4300).

La cobertura del acceso al servicio en las zonas rurales creció del 32 al 42%, lo que representa oportunidades para el aprendizaje, para la organización de los procesos al interior de las actividades agrícolas, y sobre todo, como se ha profundizado su uso, en redes de comercialización y gestión de clientes. 

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En la actualidad, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MInTIC, desarrolla el programa de Comunidades de Conectividad en zonas apartadas del país, cuyo objetivo es la inclusión digital y la creación de oportunidades a partir de la tecnología. 

Considerando todo el territorio nacional, la cobertura de internet llega al 74% de los hogares, lo que corresponde a un aumento de 14 puntos porcentuales desde el año 2022, cuando el presidente Gustavo Petro asumió su mandato. La cobertura de la red 4G es del 99% de los municipios del país y la de 5G, del 19%, la cual está ubicada principalmente en las capitales de las regiones Andina y Caribe. 

Los niveles más bajos de conectividad, que corresponden a una tasa aproximada del 25% corresponden a los departamentos de la región de la Amazonía, Chocó y La Guajira, pero en estos dos departamentos se ha priorizado la ampliación de la fibra óptica y los procesos de desarrollo social comunitarios, con proyectos basados en la tecnología (acceso y uso permanente). 

En los gráficos a continuación se presentan los totales nacionales de internet fijo y de internet y telefonía móvil, incluyendo todas las tecnologías (4G, 5G y anteriores), publicados por el sistema DATIC de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. 

En estas imágenes se observa que para fines del año pasado, para el internet fijo que se utiliza por las familias y en las empresas, se habían superado los diez millones de accesos totalizando los corporativos (franjas azules) y los de hogares (barras verdes). Se aumentó de 8 millones a 9,6 millones en el lapso de cuatro años.

Por su parte, en el mismo periodo, el internet móvil se incrementó en aproximadamente 1.7 nuevos puntos en dispositivos de servicio, así como la telefonía en 19,5 millones. Debe tenerse en cuenta, además, que la cobertura de la tecnología 5G cubre más del 40% de la población, gracias al mantenimiento e instalación de más de 2400 estaciones en aproximadamente 150 municipios. 

Los resultados están relacionados con la inversión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que fue de 2,8 billones entre 2023 y 2025. En la actualidad, para la vigencia 2026, se están ejecutando 1.7 billones de inversión (de 2.3 billones de gastos en el sector). 

Como antecedente, se tuvo uno de los casos de corrupción más sonados en el gobierno de Iván Duque: Centros Poblados

Uno de los mayores escándalos de corrupción que sacudió al país, sucedió en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid 19 y se conoció como el “Caso Centros Poblados” o “del Internet para los Niños Campesinos”. La adjudicación del contrato se dio en diciembre de 2020 y las denuncias iniciaron en 2021.

Como se infiere de su nombre, se trató de un contrato para la instalación de las redes de internet para las escuelas rurales, lo que se presentó como una estrategia para garantizar el derecho a la educación, cuando los estudiantes no podían acceder a la formación regular, por el confinamiento. 

El contrato estuvo a cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC y para este, se giró un anticipo irregular por los $70.243 millones de pesos que fueron cobrados por corrupción. A cuatro meses de la firma del acta de inicio, no se había instalado ninguno de los casi 7.300 puntos de internet (centros digitales) que se habían comprometido mediante el objeto contractual.

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El valor total del contrato fue de 1,7 billones de pesos, que gracias a las denuncias, nunca llegaron a manos de los contratistas, pues las evidencias del fraude permitieron que se declarara la caducidad del contrato. Sin embargo, los más de 70 mil millones no han podido ser recuperados. 

El contratista que se organizó para este proceso fue la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó seguros y garantías falsas con las cuales, el robo no tuvo un respaldo que pudiera garantizar la recuperación del dinero, excepto por vía judicial, en la cual tampoco se logró pactar las devoluciones de dinero, por parte de quienes decidieron colaborar, ni se causaron incautaciones efectivas. 

Aunque previamente, el MInTIC solicitó la devolución del anticipo, Centros Poblados no tuvo ninguna intención de hacerlo. Las cláusulas penales de incumplimiento del contrato, que se estimaron en más de 39 mil millones, de igual manera, no se lograron. Tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Contraloría y la Procuraduría adelantaron investigaciones para sancionar a los responsables, con pocos resultados. 

La revisión documental por parte del MinTIC favoreció los hechos de corrupción, ya que no verificó que las pólizas y documentación de Centros Poblados fueran válidos para ser considerada como contratista viable. Dos de las empresas que conformaban la unión se dedicaban a otras actividades diferentes a la instalación y suministro de internet, pero cambiaron sus papeles para participar en el proceso contractual, mintiendo sobre su idoneidad para cumplir con el contrato. La entidad no revisó este historial de forma suficiente, dejando espacio para que pudieran avanzar en su defraudación al erario. 

Pero lo más grave es que, así como no revisaron los documentos para contratar, tampoco lo hicieron con los soportes entregados para cobrar el anticipo, entre los cuales Centros Poblados incluyó papeles falsos de pagos de salarios y cotizaciones a la seguridad social, con el fin de justificar el desembolso del dinero. Basándose en todas estas falsedades no revisadas, el MinTIC realizó el giro por el 6.55% del contrato. La interventoría, que debe realizar la vigilancia y control de todos los procedimientos, tampoco cumplió con su deber. 

Por estos hechos, el llamado zar de la contratación, Emilio Tapia, quien también estuvo involucrado en el Carrusel de Samuel Moreno, fue condenado por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. La pena inicial fue de 17 años, que luego se redujo a 7 años. En la actualidad, se le ve libre en diferentes actividades, especialmente, en el departamento de Córdoba, donde tiene su residencia. Se probó que su participación en el caso fue a través de testaferros, además de ser el “cerebro” que estructuró la estafa.   

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