Presidente Petro exige liberación inmediata de 57 militares retenidos en Cauca

Presidente Petro exige liberación inmediata de 57 militares retenidos en Cauca

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El mandatario colombiano llamó al diálogo con las comunidades campesinas e instó a no caer en la manipulación de grupos armados ilegales.

En medio de una tensa situación en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro pidió este domingo la liberación inmediata de 57 militares que fueron secuestrados en la vereda La Hacienda, del municipio de El Tambo. Según las autoridades, la retención fue perpetrada por una comunidad presionada e instrumentalizada por las disidencias de las Farc.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado hizo un llamado directo al campesinado de la zona para que se desmarque de los intereses de los grupos armados ilegales. “Solicito al campesinado de La Hacienda, El Tambo, Cauca, dejar de creer en actores armados que obedecen extranjeros. El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas (…) liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo”, escribió Petro.

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El secuestro se habría producido cuando soldados del Ejército Nacional realizaban operaciones en el Cañón del Micay, una región estratégica en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con lo denunciado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cerca de 200 civiles fueron utilizados por las disidencias como escudos humanos para bloquear el accionar de la Fuerza Pública.

“Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima del Estado en el Cañón del Micay”, afirmó el ministro, quien calificó los hechos como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

Velásquez agregó que la retención de los militares no puede entenderse simplemente como un secuestro, sino como un crimen de guerra. “Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la fuerza pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia”, sentenció.

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Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido garantías para la vida e integridad de los soldados y de la población civil.


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