Ministerio de Hacienda y Crédito Público propone cambio de enfoque en la política monetaria: sin descuidar la inflación, impulsar el crecimiento y el empleo

Luego de que la Junta Directiva del Banco de la República decidiera aumentar las tasas de interés de referencia de 9,25% (enero 2026) a 11,25% (abril 2026) se generó un debate nacional sobre la pertinencia de esta medida para controlar la inflación, cuestionando incluso, si es necesario continuar aplicando medidas antiinflacionarias cuando esta se encuentra relativamente estable, como en el caso colombiano, en que ha estado entre el 5 y el 6% desde hace 18 meses. 

Igualmente, en el debate se incluyó el análisis sobre las consecuencias del incremento de la tasa de interés. Los más afectados son los sectores productivos, por lo que la decisión de la Junta, que además no fue unánime, repercute en la inversión y el crecimiento nacional, porque encarece el crédito y genera dificultades para obtener recursos con los cuales producir. 

Ante esto, en diferentes espacios y, especialmente, en el foro económico “La Política Monetaria en un Contexto Progresista” que organizó la entidad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha propuesto un cambio de enfoque en la política monetaria. 

Este cambio busca que las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República respondan a la realidad nacional e internacional y no, a los criterios estándar de la teoría monetaria, que se entienden, como siempre aplicar políticas económicas contractivas para que el sistema económico se acople a la meta o inflación objetivo. 

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¿Qué se propone desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público?

La postura del Ministerio se puede resumir en los siguientes puntos:

• Las decisiones del Banco de la República deben observar más ampliamente las opiniones de los diferentes sectores sociales (no solo el sector financiero al que se le consulta sobre la tasa de interés). También se deben considerar los efectos de las decisiones sobre las actividades que estos sectores desarrollan, así como los efectos para la economía del país y el bienestar de su gente. 

• Los ciudadanos deben conocer, entender y participar de las discusiones sobre las medidas de política monetaria y de política económica. Esto no desconoce la autonomía del Banco de la República, sino que permite que los afectados sean verdaderamente tenidos en cuenta en cada decisión. 

• Aunque las decisiones del Banco son específicamente sobre la política monetaria (dinero, inflación, interés), el deber de la entidad es proteger la economía en general, y no solo al sector directamente relacionado con estos temas: el de banca y finanzas. 

• Relacionado con el punto anterior, en el debate se plantea que el análisis económico debe basarse en lo que dice la realidad. Es decir, que en el caso colombiano, no se trata de utilizar las fórmulas establecidas para definir las políticas con respecto a la inflación, sino estudiar que la economía del país tiene una inflación controlada, mientras que el empleo y el crecimiento están en ascenso, de forma que no es el momento para frenar estos logros, sino todo lo contrario, impulsarlos para que el país pueda alcanzar un nivel más alto de desarrollo. 

• Además, se plantea que las decisiones del Banco de la República se basen en un análisis de la inflación según sus componentes, conocidos con el nombre de divisiones de gasto, no, como se hace en la actualidad, solo considerando las cifras a nivel general. Esto significa que, para el caso de los datos del pasado marzo, que son los que se van a tener en cuenta para el siguiente mes, se observe que la presión a la inflación está dada por los altos costos de la energía en la ciudad de Bogotá, en particular, así como los precios de los insumos de la agricultura y de la tecnología (principalmente, el valor de los celulares). Al respecto, desde el Ministerio se indica que el aumento de la tasa de interés no tendrá ningún efecto para reducir el valor de los recibos de la luz en la capital del país, y el precio de los celulares, lo que hace que la medida no tenga los efectos esperados para reducir la inflación. 

• Por último, la Ministerio de Hacienda y Crédito Público plantea la necesidad de redefinir la meta de inflación, que está en el 3% y podría ser mayor, teniendo en cuenta la realidad de la economía colombiana y el hecho de que no se está en un escenario hiperinflacionario (crisis de los precios de los bienes y servicios). Esto porque la meta definida por el Banco de la República se considera muy restrictiva, cuando en el país hay un margen que permite no sacrificar el crecimiento, al tener una meta más flexible y que no genere presiones sobre las actividades económicas. 

Fundamentos de las propuestas del Ministerio

En el marco de la autonomía del Banco de la República, uno de los temas que más se han discutido entre los especialistas es la necesidad de coordinación de esta entidad con el gobierno nacional, pues, aunque sean organismos independientes, es necesario que se articulen para lograr los objetivos del desarrollo. 

Al respecto, diversos analistas sostienen que no debería existir contradicción entre las instituciones que componen el Estado ya sea en Colombia o en cualquier país, puesto que las políticas que ejecuta el gobierno no deberían ser obstaculizados por las entidades que también hacen parte del sistema institucional. Es por esto, que la actualidad, se plantea que debe haber coordinación, en vez de que cada entidad vaya por su lado. 

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De igual forma, también se ha puesto en discusión el tema de los efectos de la política monetaria que está a cargo del Banco de la República, pues lo que sucede tras una decisión de esta entidad no solo se relaciona con el sistema financiero y la inflación, sino que también impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, y de forma notable, a las empresas y sectores económicos, haciendo más difícil que puedan llevar a cabo sus actividades. 

Lo que el ministro Ávila ha resaltado como una estrategia de “enfriar la economía” para cumplir el objetivo de controlar la inflación, no se limita solo a esta medida, sino que tiene consecuencias sobre las personas, que son las que tienen que asumir los costos de las restricciones que se derivan de los créditos más altos y de la ausencia de dinero, aunque tengan que seguir con sus actividades como habitualmente lo estaban haciendo. 

Lo anterior, porque los aumentos en la tasa de interés frenan el crecimiento, ya que limitan los recursos en poder del público y por el encarecimiento de las alternativas financieras para producir, más en una economía como la colombiana, en la que muchas empresas y sobre todo, el sector agropecuario, se endeudan para trabajar y luego tienen que pagar los créditos tras vender sus cosechas, o diferentes productos. 

Consideraciones sobre el papel del Banco de la República (Banco Central de Colombia)

En los diferentes espacios en que se ha discutido la reciente política monetaria colombiana, tanto en las instituciones del gobierno nacional, como por parte de los analistas, se ha señalado que es necesario reconocer y respetar la autonomía del Banco de la República, así como su importancia para impulsar un ambiente económico adecuado, con una inflación controlada. 

Sin embargo, se ha explicado también, que esto no limita el escrutinio social de sus actuaciones: la autonomía de la entidad no es una restricción para que se puedan estudiar y cuestionar sus decisiones. Es decir, que como con cualquier otra institución oficial, los ciudadanos pueden y deben acceder a una rendición de cuentas, pedir explicaciones, entender sus decisiones y participar de las políticas públicas. 

Por este mismo motivo, las actuaciones del Banco pueden ser objeto de investigaciones, demandas por nulidad, y otras acciones administrativas y jurídicas que busquen salvaguardar los derechos y el bienestar de los ciudadanos. De hecho, la decisión de aumentar la tasa de interés de referencia en el mes de abril, ya cuenta con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado. 

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