Desde el 1 de junio de 2025 entra en vigor una nueva estructura de retención en la fuente y autorretención que modifica sustancialmente las tarifas aplicables al impuesto de renta, con base en el Decreto 0572 expedido por el Gobierno nacional. Se trata de una reforma técnica que busca mejorar la eficiencia del recaudo y garantizar que los sectores con mayor capacidad contributiva asuman una carga proporcional a sus ingresos reales.
El ajuste no representa un aumento generalizado de impuestos para la ciudadanía, sino una redistribución del esfuerzo tributario con base en criterios de equidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. El objetivo central es que los sectores económicos más rentables —como petróleo, minería, energía y construcción— contribuyan de manera anticipada al fisco, y que el Estado logre un recaudo más predecible y cercano al momento en que se generan las utilidades.
🫰 El gobierno expidió el decreto para anticipar el cobro de la retención en la fuente del impuesto de la renta del 2026. La medida busca mejorar el recaudo y establece tarifas diferenciadas para actividad económica.
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La medida fue adoptada tras una evaluación técnica conjunta entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda, con base en las declaraciones de renta del año 2023 y los registros de retención del primer semestre de 2024. Con esta medida se busca compensar la falta de recursos a causa del endeudamiento provocado durante el Gobierno de Iván Duque, con medidas como el Fondo de Estabilización de Combustibles.
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Tarifas diferenciadas según actividad económica
Uno de los principales cambios del decreto es la implementación de un sistema tarifario progresivo que establece nuevas tasas de autorretención del impuesto sobre la renta según el sector productivo. Las tarifas oscilan entre el 0,55% y el 4,5%, dependiendo de la rentabilidad estructural de cada actividad.
Entre los sectores que asumirán las tarifas más altas se encuentran:
- Petróleo y gas natural: 2,7% a 4,5%
- Minería de oro y metales preciosos: 4,5%
- Energía eléctrica y servicios de agua: hasta 4,5%
- Construcción de edificios residenciales: 3,5%
Otros sectores con menores márgenes, como el agropecuario y algunas industrias manufactureras, estarán sujetos a tarifas entre el 0,55% y el 1,2%, mientras que se mantienen umbrales de protección para pequeños productores, como en el caso de las compras agropecuarias o el café pergamino.
Este esquema busca reemplazar el sistema uniforme vigente por uno adaptado a las condiciones reales de rentabilidad sectorial, con el fin de reducir los incentivos a la evasión, evitar subdeclaraciones y asegurar un recaudo proporcional al momento en que se genera la renta.
Cambios en los umbrales y condiciones de retención en la fuente
Además de las nuevas tarifas, el decreto establece ajustes en los umbrales mínimos a partir de los cuales se debe practicar la retención en la fuente. Por ejemplo:
- Servicios profesionales y generales: se retendrá desde pagos equivalentes a 2 UVT.
- Compras agropecuarias: el umbral baja a 70 UVT, con una tarifa del 1,5% si se supera.
- Café pergamino y cereza: estarán exentas si no superan 70 UVT, pero tributarán 0,5% si se excede.
- Compraventa de bienes raíces: se aplicará una tarifa del 1% hasta 10.000 UVT, y del 2,5% para valores superiores.
Esto significa que sectores tradicionalmente informales o con bajo nivel de fiscalización estarán más integrados al sistema tributario, aunque con tarifas y condiciones diferenciadas para no afectar la viabilidad de pequeños productores o comerciantes.
Menor carga anticipada para 2026
Uno de los elementos más relevantes del nuevo esquema es su impacto sobre el anticipo del impuesto de renta para el año siguiente. Al aumentar la autorretención durante 2025, las empresas tendrán que anticipar menos en 2026, lo cual suaviza la carga fiscal y evita impactos traumáticos en la liquidez del sector productivo.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha recalcado que este mecanismo busca hacer el sistema más eficiente y menos oneroso a largo plazo, pues evita que las empresas paguen grandes sumas en un solo momento del año y favorece un flujo constante de recaudo para el Estado.
Impacto sectorial y retos de implementación
La reforma tendrá efectos diferenciados por sector. Mientras que los sectores agropecuarios y manufactureros enfrentarán un mayor número de contribuyentes obligados a declarar, las actividades de alto margen deberán pagar más de forma anticipada.
Sectores como el energético, minero y de infraestructura estarán entre los más impactados, pero también entre los que históricamente han acumulado brechas entre impuesto causado y efectivamente pagado.
El éxito de la medida dependerá de la capacidad operativa de la DIAN para implementar, controlar y sancionar en caso de evasión.
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Una medida que NO crea nuevos impuestos
El Gobierno ha insistido en que esta medida no implica la creación de nuevos tributos, sino una mejor administración de los existentes, especialmente del impuesto sobre la renta. Tampoco afecta los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia, ni impone cargas automáticas a personas naturales de ingresos bajos.
La reforma redefine los mecanismos de recaudo, priorizando el momento en que se causa la renta, y no el momento en que se declara. De esta forma, se combate la planeación fiscal agresiva y se fortalece la justicia tributaria, sin introducir tributos adicionales al conjunto de la población.
