CGT de Argentina convoca marcha masiva contra la reforma laboral de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más importante de Argentina, convocó para el jueves 18 de diciembre a una movilización “contundente” hacia la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno del presidente Javier Milei ante el Congreso.

Según explicó el secretario general de la CGT, Jorge Sola, la marcha se realizará a las 15:00 (hora local) y tendrá como objetivo expresar el rechazo a “todos los puntos que forman parte del proyecto”, una iniciativa que, según los sindicatos, profundiza la precarización, debilita la negociación colectiva y facilita el avance del poder patronal sobre las condiciones de trabajo.

“Un paso más en el ataque a los derechos laborales”

Tras una reunión de dirigentes, la CGT sostuvo que el proyecto fue elaborado “a espaldas del pueblo” y sin la participación de las centrales obreras en la discusión. Sola advirtió que la reforma se impulsa en un contexto de crisis económica y destrucción de empleo:

“En un país empobrecido, sin inversión, con un industricidio y pérdida de más de 200 mil trabajadores, este gobierno pone un proyecto que es un paso más en el ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

El dirigente sindical recalcó que el oficialismo pretende una aprobación exprés del proyecto en el Senado y que la CGT “reclama estar en ese lugar del debate”, no solo en las calles sino también en la discusión parlamentaria.

La central anunció una “estrategia con plan de acción” que incluye presión directa sobre legisladores, senadores y gobernadores para explicarles “por qué no puede salir esta ley” y la preparación de una ofensiva judicial, al considerar que “muchos de esos puntos van en contra de los principios protectorios del derecho al trabajo y son anticonstitucionales”.

Jornadas de hasta 12 horas y abaratamiento de los despidos

El proyecto de “Ley de Modernización Laboral” modifica pilares centrales de la legislación argentina. Uno de los cambios más cuestionados es la ampliación de la jornada laboral a través de esquemas de “banco de horas”, que permiten extender el trabajo diario de 8 a 12 horas mediante acuerdos o convenios colectivos, compensando luego con menos horas en otros días, sin que el empleador esté obligado a pagar horas extra.

Si bien se mantiene la obligación de respetar un descanso de 12 horas entre jornadas, las centrales advierten que esta figura desdibuja el concepto de hora extra y facilita una sobrecarga de trabajo sin compensación económica efectiva.

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Otro eje de la reforma es el abaratamiento del despido y la reducción del costo de los litigios laborales. El proyecto excluye el aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos de la base de cálculo de la indemnización por despido, lo que reduce el monto final que recibe el trabajador.

Además, las deudas laborales en juicio se actualizarán solo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3 % anual, y se habilita a las pequeñas y medianas empresas a pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, diluyendo aún más el impacto económico de la compensación para el trabajador despedido.

Más poder patronal y menos margen para la organización sindical

La propuesta del Ejecutivo también otorga al empleador mayor capacidad para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Aunque se establece que esos cambios no deben ser “irrazonables”, se elimina la posibilidad de que el trabajador exija la reversión de una medida ilegal y, si no es escuchado, se considere despedido con causa.

Con la nueva redacción, quien se sienta afectado por una modificación en sus condiciones laborales solo podría considerarse despedido sin causa, lo que lo obliga a elegir entre aceptar el cambio impuesto o perder su empleo, sin la opción de exigir el retorno a las condiciones originales.

La reforma también impacta el derecho al descanso: será el empleador quien determine las fechas de las vacaciones y se permite su fraccionamiento en bloques no inferiores a una semana, con menor margen de negociación para el trabajador y su familia.

En el terreno sindical, el proyecto endurece las limitaciones al derecho de huelga y a la protesta: el bloqueo de establecimientos será considerado falta muy grave y los trabajadores involucrados no devengarán salario durante ese tiempo. Las asambleas dentro de los lugares de trabajo requerirán autorización previa del empleador y tampoco serán remuneradas, lo que, según las centrales, desalienta la organización interna.

Un debate que trasciende a Argentina

La CGT advirtió que la reforma se impulsa en un país donde más de 19.000 empresas han dejado de operar desde el inicio del gobierno de Milei hasta agosto de este año, un promedio de unos 30 cierres diarios, lo que agrava el impacto social de cualquier flexibilización laboral.

Exministros de Trabajo y especialistas han calificado el proyecto como una “mala ley” que responde, sobre todo, a reclamos históricos de sectores empresariales y a una visión abiertamente hostil hacia el modelo sindical argentino, sin atacar el núcleo de la informalidad laboral ni proponer un esquema robusto de protección frente a la crisis.

La movilización del 18 de diciembre, convocada por la CGT y sus 80 regionales en todo el país, será el primer gran pulso en las calles contra esta reforma laboral y se perfila como una prueba de fuerza entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento sindical organizado, en un contexto regional donde el debate sobre los derechos laborales, la precarización y el papel del Estado en la protección social vuelve a ocupar el centro de la agenda pública.

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