"Es bochornoso que presidentes no pidan a sus ejércitos no provocar crímenes contra la humanidad": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro respondió a un trino de la precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia quien calificó de “bochornoso” el hecho de que un presidente viajara a otro país a pedir que los militares desobedecieran a su comandante en jefe.
El primer mandatario le contestó a la exsenadora, afirmando que lo bochornoso es que los presidentes no pidan a los ejércitos evitar crímenes contra la humanidad. En el mismo trino, el jefe de Estado hizo referencia a las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia establecidas por la JEP, cometidas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. y que esa misma Jurisdicción documento esas mismas víctimas en el denominado Caso 03.
Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad.
Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente https://t.co/X6wRNn9Ad9— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2025
En concordancia con las palabras del presidente Petro, existen varias investigaciones, que documentan la posible participación militar en los golpes de Estado en América latina durante la segunda mitad del siglo XX, así como las presuntas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, cuando el estado norteamericano participó en conflictos armados internacionales.
Asimismo, hay fuentes que evidencian que Estados Unidos financiaría al Ejército de Israel quien hoy comete un genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. Varias naciones y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado este crimen en instancias internacionales.
Posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en conflictos armados internacionales
La matanza de My Lai en Vietnam en 1968 quedó documentado por la investigación del general William R. Peers; de acuerdo con ese informe y con el compendio del CICR, centenares de civiles fueron asesinados y el teniente William Calley fue el único condenado.
Según el Toledo Blade (serie ganadora del Pulitzer) y reseñas académicas, la unidad operativa del Ejército de los Estados Unidos Tiger Force implicó ejecuciones y abusos de una unidad de élite; pese a pesquisas del Ejército, no hubo procesamientos. Según Los Angeles Times, en Haditha (2005) murieron 24 civiles; el sargento Frank Wuterich terminó con una admisión , Irakde negligencia y sin pena de cárcel, mientras los demás cargos se retiraron o terminaron en absolución.
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En Afganistán, documentos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y revisiones médicas indican que Habibullah y Dilawar murieron en Bagram por malos tratos clasificados como homicidios; algunos soldados fueron sancionados. Según Reuters y PBS, el sargento Robert Bales fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de 16 civiles en Kandahar (2012).
Según The Washington Post y el propio Pentágono, el ataque con dron en Kabul (29 de agosto de 2021) mató a 10 civiles (de estas personas 7 fueron niños); se reconoció la equivocación y no hubo sanciones disciplinarias. En Siria, de acuerdo con BBC/Amnistía y comunicados del Departamento de Defensa (DoD), los ataques en Tokhar/Manbij en el año 2016 provocaron decenas de muertes civiles y dieron lugar a una investigación formal.
En Somalia, de acuerdo con Amnistía Internacional, hubo víctimas civiles en varios ataques entre 2017 y 2020; desde 2020, AFRICOM publica reportes trimestrales y ha reconocido algunos casos, aunque persisten debates sobre sub-registro y reparaciones. Otros hechos emblemáticos: según la CIJ y expedientes históricos, el derribo del vuelo Iran Air 655 (1988) por el USS Vincennes mató a 290 civiles; el caso ante la CIJ terminó en arreglo con compensaciones, sin procesos penales en EE. UU.
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Estados Unidos como financiador del Ejército israelí
Acorde con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el uso de la fuerza en conflictos armados está regido por los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones: no se puede atacar a civiles ni lanzar ataques cuyo daño incidental a la población sea excesivo respecto de la ventaja militar concreta y directa; además, se exige un cuidado constante para reducir al mínimo el daño a civiles, especialmente en contextos urbanos.
El intercambio también ocurre mientras persiste la atención sobre Gaza y el papel de Estados Unidos como proveedor de armas a Israel. Según The Washington Post, en mayo de 2024 Washington pausó un envío que incluía bombas de 2.000 y 500 libras por el riesgo para civiles en Rafah; semanas después reanudó el despacho de bombas de 500 libras, manteniendo bajo revisión las de 2.000.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en dos ataques de octubre de 2023 en Gaza se usaron kits JDAM de fabricación estadounidense y murieron 43 civiles; la organización pidió investigarlos como crímenes de guerra. Según The Washington Post, especialistas en armas identificaron fragmentos de una GBU-39 de origen estadounidense tras el bombardeo del 26 de mayo de 2024 en un campamento de desplazados en Rafah.
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Y, en la evaluación interna de Washington, el informe requerido por la NSM-20 reconoció que es “razonable” considerar que armas estadounidenses se usaron de modo inconsistente con el DIH. Si bien el Departamento de Estado no cortó de manera general el suministro; la Casa Blanca explicó públicamente la pausa puntual de bombas de 2.000 libras. Según The Washington Post y comunicaciones oficiales del Congreso y el Departamento de Estado, esa fue la posición en mayo–julio de 2024.
Intervención norteamericana en golpes de Estado en América Latina
Según el National Security Archive y la serie documental FRUS del Departamento de Estado, Estados Unidos organizó la Operación PBSUCCESS que derrocó a Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954; entre los archivos desclasificados hay manuales operativos y análisis sobre acciones encubiertas y planes de asesinatos en el marco de la operación.
De acuerdo con el Chile Documentation Project y documentos FRUS desclasificados, entre 1970 y 1973 Washington promovió acciones encubiertas para impedir la asunción de Salvador Allende y luego apoyar condiciones favorables al golpe de 1973, en coordinación con actores locales; archivos de la Biblioteca Nixon muestran el conocimiento de altos funcionarios y sus contactos con militares chilenos.
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Acorde con FRUS y el National Security Archive, en Brasil (1964) se planificó la Operación Brother Sam con despliegue naval, abastecimiento de combustible y apoyo logístico para asegurar la salida de João Goulart si el golpe enfrentaba resistencia; nuevas transcripciones publicadas en aniversarios del golpe detallan deliberaciones en la Casa Blanca.
Conforme a documentos de la CIA y compendios del National Security Archive, durante la Operación Cóndor entre los años 1975 y 1980) —coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur— Estados Unidos conocía, monitoreaba y en ocasiones facilitó intercambios de inteligencia y comunicaciones; esos expedientes fueron aportados en juicios en Argentina.
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