Colombia denuncia ante la OEA que ataques estadounidenses en el Caribe violan normas internacionales

Colombia manifestó este miércoles su rechazo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las "irregularidades" en los ataques militares que Estados Unidos ha llevado a cabo contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico en la región del Caribe.

El embajador colombiano ante la OEA, Luis Vargas, señaló durante la sesión regular del organismo en Washington que su país "expresa, una vez más, rechazo y condena este tipo de ataques unilaterales, porque la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado actuar al margen del derecho internacional".

Vargas enfatizó que "la fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente" y destacó que el combate a la delincuencia organizada debe realizarse mediante "la aplicación de la ley", aclarando que estos territorios "no son un escenario de guerra".

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La posición del gobierno del presidente Gustavo Petro surge en respuesta a una veintena de operativos realizados contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, en los que han perdido la vida más de 80 personas bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Estas acciones militares han generado tensiones entre Washington y Caracas, especialmente ante la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump ordene incursiones dentro de territorio venezolano. Trump ha afirmado, sin presentar evidencias, que el presidente venezolano Nicolás Maduro dirige el denominado Cártel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano ha negado categóricamente.

Cabe recordar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya había advertido que los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los que perdieron la vida decenas de personas, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. 

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La ONU solicitó al gobierno estadounidense investigar la legalidad de estas operaciones militares, ante la posibilidad de que estén violando tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario.

De manera similar, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos ordenados por la administración Trump contra estas embarcaciones como posibles "ejecuciones extrajudiciales".
 

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