Impugnación de Santiago Uribe por "Los 12 Apóstoles" llega a la Corte Suprema, Procuraduría pide confirmar condena por concierto para delinquir

El caso judicial contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, llegó a su nueva etapa: el Tribunal Superior de Antioquia remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial presentada por la defensa contra la condena de segunda instancia proferida el 25 de noviembre de 2025, por la cual fue sentenciado a 28 años y 3 meses de prisión, una multa de 6.500 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 20 años, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en el marco del caso del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

La Procuraduría General de la Nación ya emitió su concepto ante la Corte Suprema con una posición dividida: pide confirmar la condena por concierto para delinquir, pero solicitar la absolución por el delito de homicidio agravado.

Procuraduría pide condena por concierto para delinquir pero absolver por homicidio agravado

Según el Ministerio Público, existen dudas insalvables sobre la responsabilidad de Santiago Uribe en el asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994 en la vía entre Yarumal y Campamento. El organismo considera que los únicos que tuvieron control directo sobre la ejecución del homicidio fueron el entonces teniente Juan Carlos Meneses, su escolta, y el agente de policía Alexander de Jesús Amaya, y que el motivo fue "estrictamente personal, la venganza o retaliación de Amaya contra Camilo".

"Aun aceptando la participación de Santiago Uribe en la estructura criminal, no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad penal por este hecho concreto, ya que no ejerció control efectivo sobre la conducta de los autores materiales ni realizó aporte alguno en la producción del resultado", concluye el concepto de la Procuraduría.

La petición formal del Ministerio Público es que se confirme la condena por concierto para delinquir "en su integridad" y que se revoque la condena por homicidio agravado para dar paso a la absolución en ese cargo.

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La condena que llegó a la Corte

El fallo del Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que había otorgado en noviembre de 2024 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y reconstruyó judicialmente la génesis y el funcionamiento de Los 12 Apóstoles, un grupo de "limpieza social" que operó desde la hacienda La Carolina en Yarumal desde comienzos de los años noventa.

Según la sentencia de más de 300 páginas, Santiago Uribe "conformó y dirigió" la organización armada ilegal, que ejecutó asesinatos selectivos contra personas incluidas en una lista negra elaborada por el grupo y circulada entre civiles y agentes de la Policía. La JEP atribuyó al grupo 525 homicidios en los corregimientos de la región, con Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos como los municipios más golpeados.

Para acreditar la responsabilidad de Uribe Vélez, el Tribunal valoró en conjunto más de 80 testimonios, entre ellos los del exteniente Juan Carlos Meneses, el exagente Alexander Amaya, el trabajador rural Eunicio Alfonso Luján Pineda y el exintegrante del grupo Olguín Agudelo Betancur. También pesaron las declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Daniel Rendón Herrera alias Don Mario y Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, quienes señalaron a Santiago Uribe como colaborador y financiador del Bloque Metro de las AUC.

La defensa y el camino en la Corte

La defensa de Santiago Uribe, liderada por los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, presentó la impugnación especial alegando desconocimiento de pruebas esenciales por parte de los jueces. "No se puede condenar a un ciudadano sobre la base de testigos que han mentido, que se contradicen, que llegan movidos por intereses o que padecen graves trastornos mentales sin corroboración externa", argumentó la defensa en su momento.

La investigación contra Santiago Uribe data de diciembre de 1995. Fue archivada en 1999 y reactivada en 2010 tras nuevas declaraciones del excomandante de Policía Juan Carlos Meneses. El juicio formal comenzó en 2020.

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