Corte IDH declaró responsable a Colombia por el asesinato del docente y defensor Jesús Ramiro Zapata en Segovia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este lunes, 23 de febrero, una sentencia que declaró responsable a Colombia por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata, docente, sindicalista y defensor de derechos humanos, ocurrido el 3 de mayo de 2000 en Segovia, Antioquia.

El fallo estableció violaciones a varios derechos de Zapata y también afectaciones a sus familiares. La Corte ubicó el caso en un contexto de violencia y estigmatización contra quienes defendían derechos humanos y ejercían liderazgo social en el territorio.

La decisión señaló que Zapata enfrentó actos de hostigamiento y criminalización antes de su asesinato. En el expediente del caso se registraron labores de inteligencia ilegales y señalamientos que lo vinculaban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de allanamientos y detenciones arbitrarias.

En ese contexto, el vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, comunicó el alcance de la decisión en términos de responsabilidad del Estado: “La Corte IDH, en su sentencia, declaró responsable a la República de Colombia por las violaciones a los derechos de Jesús Ramiro Zapata, docente, sindicalista y defensor de derechos humanos, asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia (Antioquia)”.

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Medidas cautelares y fallas de protección

El fallo recordó que Zapata contó con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1998. Aun así, la Corte concluyó que no se adoptaron medidas eficaces para neutralizar el riesgo ni para frenar los señalamientos en su contra.

La sentencia también vinculó el caso con un contexto de acción paramilitar en Segovia y estableció responsabilidad estatal por omisiones de prevención. La Corte indicó que el crimen permanece en impunidad y examinó la respuesta institucional posterior al asesinato.

Investigación y órdenes de reparación

La Corte concluyó que la investigación no avanzó con la debida diligencia y ordenó al Estado impulsar, dirigir y concluir las actuaciones para esclarecer el homicidio y los hechos de amenazas y hostigamiento. También dispuso medidas sobre archivos de inteligencia: rectificar, cancelar o eliminar datos que registren a Zapata en esos sistemas.

El fallo ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y medidas de memoria: una placa en la escuela donde trabajó y la elaboración y difusión de un documental audiovisual sobre su labor como defensor de derechos humanos. La Corte anunció que supervisará el cumplimiento de la sentencia.

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