Fiscalía dicta medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre bienes de implicados en Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación decretó este lunes medidas cautelares contra personas vinculadas al escándalo de Centros Poblados, el episodio de corrupción que derivó en el desfalco de cerca de 70 mil millones de pesos destinados a la conectividad de zonas rurales apartadas del país, durante el gobierno de Iván Duque.

Entre los afectados por la medida aparece Emilio José Tapia Aldana, empresario oriundo de Sahagún (Córdoba), señalado como una de las piezas centrales del caso. Tapia también ha sido mencionado en otros procesos de corrupción, entre ellos el denominado “Carrusel de la Contratación” en Bogotá. Por otro lado, en el comunicado aparece el nombre de la exministra Karen Abudinen, quien liderada el Ministerio TIC para la época.

23 bienes, por más de 65.900 millones de pesos

El ente acusador impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes relacionados con el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. Según la Fiscalía, los activos estarían avaluados en 65.900 millones de pesos e incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.

Los titulares de esos bienes serían Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. De acuerdo con la información oficial, los activos estarían ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

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Abudinen y Tapia, dos nombres clave del caso

La exministra Karen Abudinen, cuya gestión quedó asociada al escándalo, aparece vinculada a la decisión, según la Fiscalía, por la responsabilidad fiscal que le fue atribuida por la Contraloría General de la República.

“Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico; buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, señaló el comunicado de prensa emitido en la tarde de este lunes.

La decisión se conoce después de que la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le concediera la libertad condicional a Tapia, una determinación cuestionada públicamente y que, según se ha informado, se ha sumado a actuaciones bajo revisión disciplinaria. Tapia quedaría con un periodo de prueba de 27 meses y 10 días, tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena.

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