Una reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno al fortalecimiento presupuestal del Sistema Nacional de Búsqueda generó un debate relevante sobre los mecanismos de articulación entre instituciones que, desde distintos frentes, contribuyen a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. En un auto expedido el 19 de mayo, la JEP resolvió que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) no participará en la audiencia de verificación presupuestal, al considerar que ya cuenta con los recursos necesarios para su operación en 2025.
Desde la perspectiva de la UBPD, sin embargo, esta decisión no refleja plenamente las condiciones técnicas y logísticas requeridas para el cumplimiento integral de su mandato. La entidad advierte que persiste un déficit acumulado y estructural que podría afectar la continuidad de sus operaciones territoriales y la participación efectiva de las víctimas en los procesos de búsqueda.
Ambas instituciones hacen parte del Sistema Integral para la Paz y comparten una vocación profundamente humanitaria. Aunque sus interpretaciones en torno al presupuesto difieren, sus propósitos convergen en el reconocimiento de los derechos a la verdad y a la memoria. En este contexto, el caso invita a revisar los esquemas de articulación técnica y financiera que sostienen los mecanismos de justicia transicional, sin que ello implique desconocer el valor ni la legitimidad del trabajo que cada entidad ha venido desarrollando.
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El auto de la JEP: cumplimiento técnico de metas presupuestales
El auto 030 del 19 de mayo, firmado por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, concluye que la UBPD “ha contado con los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Búsqueda”, y que, en consecuencia, no es necesaria su participación en la audiencia convocada. La JEP fundamenta esta decisión en el cumplimiento de los criterios técnicos del ciclo de inversión pública, incluyendo la planeación, formulación y ejecución presupuestal.
Según el tribunal, la entidad tiene asegurados $76.273 millones para el año en curso y ha presentado su anteproyecto presupuestal para 2026 de forma oportuna y alineada con los lineamientos establecidos. La JEP resalta además que los proyectos misionales se encuentran actualmente en ejecución, y que su revisión ya ha permitido constatar avances significativos.
El llamado de la UBPD: sostenibilidad operativa y enfoque territorial
La UBPD, por su parte, sostiene que el cumplimiento formal del ciclo presupuestal no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de su labor humanitaria. Según explicó en un comunicado, la Unidad ha enfrentado desde su creación en 2018 un déficit presupuestal acumulado del 19 %, y para el año 2025 la reducción alcanza un 12 % frente al presupuesto solicitado.
La entidad enfatiza que su misión involucra despliegues en contextos complejos, zonas rurales de difícil acceso y comunidades con altos niveles de afectación. En ese sentido, considera necesario contar con recursos adicionales que permitan mantener estándares técnicos, asegurar el acompañamiento psicosocial y sostener el proceso participativo de las víctimas.
El caso de La Escombrera y los desafíos de coordinación interinstitucional
Uno de los escenarios que ejemplifica la complejidad de esta situación es La Escombrera, en Medellín, reconocida como una de las fosas comunes urbanas más grandes del mundo. Mientras la JEP y la Alcaldía de Medellín anunciaban un nuevo impulso para convertir el sitio en un espacio de memoria, la UBPD señaló que no cuenta actualmente con los recursos necesarios para continuar la intervención forense.
Durante la presentación del proyecto, el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expresaron su voluntad de avanzar conjuntamente. Sin embargo, ambos coincidieron en que la continuidad de las excavaciones depende de la disponibilidad presupuestal. En este punto, tanto la UBPD como la JEP han reiterado su disposición a encontrar mecanismos que permitan avanzar, aun en medio de las limitaciones estructurales.
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Una oportunidad para fortalecer el Sistema y centrar el enfoque en las víctimas
Más que una confrontación, el momento actual puede ser leído como una oportunidad para revisar y fortalecer los canales de articulación entre entidades que tienen un mandato compartido. Las diferencias entre los enfoques de la JEP y la UBPD evidencian los desafíos de operar un sistema complejo, y abren el espacio para ajustar instrumentos técnicos, financieros y de seguimiento que garanticen la efectividad del Sistema Integral.
En lo esencial, ambas instituciones coinciden: el derecho de las víctimas a la verdad y a la búsqueda digna de sus seres queridos no puede verse limitado por barreras administrativas. La UBPD ha manifestado que seguirá gestionando apoyos nacionales e internacionales, y la JEP ha reiterado su voluntad de avanzar en la verificación técnica de las medidas cautelares.
El desafío que queda sobre la mesa es lograr que esas voluntades se encuentren en el diseño de estrategias conjuntas, que fortalezcan el trabajo colectivo y eviten que las víctimas sean las principales afectadas por interpretaciones divergentes sobre los recursos.
