El exsenador Álvaro Ashton mencionó al senador conservador Efraín Cepeda dentro de presuntos acuerdos políticos y presupuestales con estructuras del Bloque Norte de las AUC. La JEP remitió sus declaraciones a la Corte Suprema y la Fiscalía.
Publicado:
10 de Octubre 2025, 8:38 PM
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener el sometimiento del exsenador Álvaro Antonio Ashton Giraldo por considerar que sus aportes contribuyen al esclarecimiento de los vínculos entre la política, el empresariado y las estructuras paramilitares que operaron en la Costa Caribe. Entre los señalados por el político, aparece el nombre de Efraín Cepeda, el expresidente del Senado recordado como artífice de la "jugada" que tumbó la consulta popular promovida por el Gobierno en una cuestionada sesión plenaria.
En una decisión adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la JEP reconoció el valor de su testimonio para reconstruir cómo se articularon, durante los años más críticos de la parapolítica, redes de poder que combinaron influencia electoral, asignación de recursos públicos y control armado territorial.
Como parte de su compromiso de verdad, la jurisdicción ordenó remitir copias de las declaraciones de Ashton a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si hay lugar a abrir investigaciones sobre las personas mencionadas. Según el compareciente, Cepeda habría sostenido acercamientos políticos indirectos con sectores respaldados por el Bloque Norte de las AUC.
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Efraín Cepeda, entre los nombres mencionados en la audiencia de verdad
Durante la audiencia de aporte pleno, realizada el 20 y 21 de febrero de 2025, Ashton relató que una serie de congresistas del Caribe —entre quienes citó a Cepeda— participaron en acuerdos de redistribución electoral y de respaldo presupuestal a proyectos gestionados con la Alcaldía de Barranquilla, que habrían favorecido a la estructura armada del Frente José Pablo Díaz, comandado por ‘Don Antonio’.
“Los senadores Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Efraín José Cepeda Sarabia, David Char Navas, Jorge Alberto Gerlein Echeverría y yo apoyábamos la aprobación de partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC con la Alcaldía de Barranquilla”. Ashton ante la JEP.
El excongresista sostuvo que esos recursos públicos sirvieron como mecanismo de financiamiento político y territorial para la expansión del paramilitarismo. La JEP subrayó que este tipo de declaraciones no implican responsabilidad penal inmediata, pero constituyen insumos de verdad contrastable que deberán ser evaluados por las autoridades judiciales competentes.
Poder, parapolítica y cooptación institucional
El testimonio de Ashton se suma a un conjunto de relatos que buscan explicar cómo las AUC lograron influencia electoral e institucional a través de pactos con figuras locales y nacionales. En su intervención, el exsenador describió una red en la que empresarios, contratistas y dirigentes públicos participaron en alianzas que mezclaban política y control armado en Atlántico y Magdalena.
Entre los nombres mencionados aparecen el exalcalde Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, el empresario David Name Terán, el contratista Julio Gerlein Echeverría, y el exgobernador Trino Luna Correa, entre otros. Según su versión, los presupuestos locales, las universidades públicas y empresas de servicios fueron utilizadas como instrumentos de legitimación y poder político de las autodefensas.
Ashton también señaló la participación de la masonería de Barranquilla como espacio de articulación entre elites económicas y representantes del Bloque Norte, una afirmación que la jurisdicción verificará dentro del proceso de contrastación.
Decisión judicial y ruta institucional
La Subsala de Comparecientes Voluntarios consideró que los aportes de Ashton “contribuyen significativamente al esclarecimiento del fenómeno de la parapolítica”, y dispuso:
- Mantener su régimen de condicionalidad dentro de la JEP.
- Levantar la reserva de la audiencia para su publicación en los canales oficiales.
- Remitir la información a la Corte Suprema y la Fiscalía, bajo el principio de colaboración armónica entre jurisdicciones.
El exsenador, que ya había sido condenado por concierto para delinquir, reconoció su responsabilidad política y moral en la expansión del paramilitarismo en la región:
“Tengo que reconocer nuevamente mi responsabilidad personal y política. No fue indirectamente, fue conscientemente. Ratifico que fue una decisión deliberada mía”, dijo Ashton.
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Implicaciones políticas y judiciales
La mención de Efraín Cepeda, un dirigente con más de tres décadas de trayectoria parlamentaria, revive el debate sobre la continuidad de las estructuras de poder cercanas al paramilitarismo en el Congreso, como lo ha advertido el presidente Gustavo Petro. El traslado de la información a la Corte Suprema abre un nuevo escenario judicial que permitirá procesar a quienes tengan fuero constitucional, siendo congresistas en ejercicio. Cepeda es precandidato presidencial por el Partido Conservador.
La JEP, por su parte, reiteró que el objetivo de su labor no es la persecución penal, sino el esclarecimiento integral de la verdad sobre cómo confluyeron intereses políticos, económicos y armados en los años de mayor violencia en la Costa Caribe.
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