“Había interés en quemar los expedientes”: exmagistrado sobreviviente al holocausto del Palacio de Justicia

El exmagistrado del Consejo de Estado Carlos Ramiro Borja reconstruye la retoma del Palacio de Justicia y denuncia omisiones del Estado, responsabilidades militares y la manipulación posterior de la verdad.
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Magistrado Carlos Ramiro Bórja
Foto: En conversación con el periodista de RTVC Noticias, Iván Cruz, Borja reconstruyó su experiencia desde las horas previas a la toma, la relación con otros magistrados, la intervención del Ejército y la posterior manipulación de los hechos. / RTVC Noticias.

Cuarenta años después del holocausto del Palacio de Justicia, el exmagistrado Carlos Ramiro Borja, uno de los sobrevivientes de aquellos dos días de fuego y oscuridad, ha decidido hablar con detalle sobre lo que vivió, sobre lo que vio y sobre lo que —dice— el país se ha negado a reconocer plenamente: que hubo omisiones de la autoridad política, intereses militares y una verdad deliberadamente desviada.

En conversación con el periodista de RTVC Noticias, Iván Cruz, Borja reconstruyó su experiencia desde las horas previas a la toma, la relación con otros magistrados, la intervención del Ejército y la posterior manipulación de los hechos. Su testimonio tiene el tono de quien sobrevivió al horror, pero carga con el peso de una memoria que no deja descansar.

“Comprendimos naturalmente de qué se trataba”

“Estuve trabajando toda la noche en un proyecto de sentencia —recordó el exmagistrado—. Me acosté a las 5:00 a.m., mi madre me despertó a las 9:00 a.m. y llegué a la oficina a las 11:10 a.m. La toma se inició a las 11:35 a.m. expresó el jurista contando su itinerario del día de la tragedia. “Estábamos en el tercer piso y nos asomamos al balcón para ver qué pasaba en el primer piso, y vi a uno de los vigilantes detrás de una columna apuntando. Comprendimos naturalmente de qué se trataba”, agregó.

Así comenzó el asedio. En pocos minutos, los magistrados quedaron atrapados entre el fuego cruzado, la confusión y la incredulidad. En cada nivel de la infraestructura intercambiaban disparos; adentro, en sus oficinas, los juristas se preguntaban cómo era posible que el Estado, con información previa de inteligencia, hubiera permitido que una operación del M-19 llegara al corazón de la justicia.

Cuando se le preguntó por qué el Estado redujo la seguridad pese a las alertas, Borja fue tajante:

“De haberse avanzado en ese campo, se hubieran ido para la cárcel varias personas, militares y civiles. Pero las influencias impidieron que se hiciera esa investigación a fondo”.

“Preferíamos morir a bala que morir quemados vivos”

El fuego se extendía por el edificio durante la retoma. El magistrado Borja recuerda que la temperatura era insoportable y que las llamas se acercaban al tercer piso. Entonces tomó una decisión desesperada:

“El incendio empezó a amenazar nuestra propia existencia. Yo le dije al consejero de Estado Antonio Leguizarri Restrepo, a la secretaria Clarita Pinzón de Clavijo y a la magistrada Mercedes Mendoza Maldonado: ‘Si nos quedamos acá, nos vamos a morir quemados vivos; yo no quiero esa muerte así, prefiero morir a bala. Yo voy a salir y, si ustedes deciden, me siguen’. Nos cogimos de la mano, hicimos una fila india, le toqué la puerta al consejero de Estado Enrique Low Murtra. Le expliqué que habíamos tomado la decisión de salir porque era mejor morir a bala que morir quemados vivos”.

Encabezando el grupo, Borja condujo a 25 personas hacia la salida, entre humo y fuego. Pidió la ayuda de un soldado que le dijo que no podía hacerlo porque debía “cubrir”.

“Entonces yo le dije: ‘Yo cubro’. Casualmente, hacía unas semanas habíamos recibido instrucciones para manejar la subametralladora. Me la entregó”.

En la entrada del Palacio, se encontró con el coronel Alfonso Plazas Vega, quien lideraba la retoma militar.

“Cuando fui a entrar, un soldado me dijo que no podía hacerlo. Le pregunté quién dio la orden y me señaló al coronel Plazas Vega. [...] Le dije: ‘Yo soy magistrado, necesito su autorización para entrar a la oficina’. Entonces me dijo: ‘Usted no es magistrado, usted lo que es, es un berraco’. Se refería al hecho de que yo había tomado la subametralladora para proteger la salida de los heridos y otras personas. ‘Los berracos tienen derecho a todo’, dijo el alto oficial señalado como responsable de desapariciones forzadas en la recordad operación militar”.

El exmagistrado recuerda que el suelo ardía bajo los pies: “Nos tocaba casi saltar porque el piso estaba caliente por el incendio. Plazas Vega tenía botas especiales, pero yo tenía que saltar de un lado a otro porque me quemaba”.

“Escobar no tuvo nada que ver con la toma del Palacio”

Sobre la supuesta financiación del narcotráfico en la toma, Borja fue enfático:

“Desde mi punto de vista, Pablo Escobar no tuvo nada que ver con esta situación. Es una información construida artificialmente. Escobar nada ganaba haciendo quemar expedientes; en cambio, perdía mucho. Nadie, ni magistrados ni secretarias, habían recibido algún tipo de presión respecto a Pablo Escobar. Eso fue un invento para desviar la investigación".

Luego, lanzó un juicio que muchos temen repetir: “En mi sentir, me da tristeza afirmarlo, pero el verdadero responsable fueron precisamente los miembros del Ejército".

Sus palabras contradicen una de las versiones más repetidas durante décadas: la de un M-19 financiado por el narcotráfico para destruir los expedientes del proceso de extradición. Para Borja, esa narrativa fue una coartada histórica para encubrir los abusos cometidos en la retoma militar.

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“Había interés en quemar los expedientes”

El exmagistrado también señaló que la quema de los archivos judiciales no fue un daño colateral, sino una acción deliberada:

Ya había interés porque había muchos expedientes en el Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado en abusos, desapariciones y homicidios cometidos por personas vinculadas a las fuerzas militares y de policía". Agrega que algunos habían posibles llamados a juicio.

“En la Corte Suprema también había procesos en curso por decisiones de la justicia penal militar que las víctimas habían apelado. Había mucho interés en quemar esos expedientes”.

Según Borja, la desaparición de documentos no solo buscaba eliminar pruebas de violaciones a los derechos humanos, sino borrar la responsabilidad del Estado en casos de abuso de poder y represión ilegal.

“Estaba la responsabilidad del Estado, pero siempre vinculada al comportamiento de los agentes estatales: militares, civiles, organismos de inteligencia. Había intereses personales de una cantidad de agentes para que todo desapareciera”.

El testimonio del exmagistrado Borja reabre heridas y confirma sospechas que persisten desde 1985: la toma y retoma del Palacio de Justicia fue una tragedia de múltiples culpables, censuras y autocensuras.