Fiscalía llama a juicio a nueve exmilitares por tortura agravada en el caso del Palacio de Justicia

A cuatro décadas de los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra nueve exmilitares por el delito de tortura agravada. Así lo informó este jueves el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), en calidad de representante de víctimas.

Según el comunicado del Cajar, la decisión respalda la tesis de la parte civil sobre la existencia de un patrón sistemático de detención y tortura, que involucró tres fases claramente identificadas por la investigación: la calificación de las víctimas como “sospechosas o especiales”; su traslado y retención inicial en el segundo piso de la Casa del Florero, donde fueron sometidas a malos tratos; su posterior traslado a guarniciones militares, donde se habrían consumado las torturas. Todo ello, según la Fiscalía, siempre a manos de integrantes del Ejército Nacional.

La decisión también incorpora el relato de José Vicente Rubiano Galvis, quien fue detenido arbitrariamente en Zipaquirá, pese a que no se encontraba en el Palacio de Justicia durante los hechos.

Casos y víctimas reconocidas en la acusación

La resolución de acusación se profiere en relación con los casos de los entonces estudiantes de la Universidad Externado Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, así como del abogado Orlando Quijano y del funcionario público José Vicente Rubiano, entre otros.

Para el Cajar, esta decisión confirma judicialmente la hipótesis que ha sostenido durante años como representante de las víctimas sobre la práctica sistemática de tortura tras la retoma militar del Palacio de Justicia.

Exmilitares llamados a juicio por tortura agravada

La Fiscalía profirió resolución de acusación como coautores impropios del delito de tortura agravada contra los siguientes exmilitares:

• Edilberto Sánchez Rubiano
• Óscar William Vásquez Rodríguez
• Ferney Ulmardín Causayá Peña
• Luis Fernando Nieto Velandia
• Antonio Rubay Jiménez Gómez
• Fernando Blanco Gómez
• Gustavo Arévalo Moreno
• Iván Ramírez Quintero
• Bernardo Alfonso Garzón

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“Las víctimas esperaron 40 años por esta decisión”: Cajar

Sobre la determinación de la Fiscalía, el abogado Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Cajar y representante de víctimas, señaló:

“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden”.

El Plan Tricolor 83 y la cadena de mando

La Fiscalía resaltó “la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”.

De acuerdo con la investigación, el Plan Tricolor 83, un documento operativo militar, permitió analizar la cadena de mando y las directrices que, según la Fiscalía y la parte civil, condujeron a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Dicho plan fue activado por altos mandos, incluidos el Ministro de Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares y la Brigada XII.

Participación de inteligencia y estructura operativa

La Fiscalía también destacó que, con la prueba recaudada, se evidenció la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la coordinación de distintas unidades, el mando de Arias Cabrales y el liderazgo de Sánchez Rubiano, elementos respaldados en el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016.

Con base en ese acervo probatorio, la Fiscalía consideró demostrada la ocurrencia de las torturas y la responsabilidad de los involucrados, por lo que solicitó formalmente que sean llevados a juicio.

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