En un país donde la tierra ha sido históricamente acumulada por los más poderosos, la propuesta del presidente Gustavo Petro de entregar la Hacienda Nápoles a los campesinos desplazados representa un acto de reparación histórica y un mensaje político poderoso: que los territorios manchados por la violencia del narcotráfico deben retornar al pueblo. El anuncio fue hecho este 23 de mayo en Barrancabermeja, durante un evento oficial de adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Este mensaje fue reiterado recientemente en un Consejo de Ministros.
“Lo que yo quiero, Felipe, es que sobre todas las cosas esa hacienda vuelva a manos del campesinado”, afirmó el mandatario, dirigiéndose al director de la ANT, Felipe Harman.
➡️@harmanfelipe, director de @AgenciaTierras, anuncia la recuperación de la finca Honduras de Pablo Escobar, y el estudio de la revocatoria de @activosSAE para la hacienda Nápoles, que de acuerdo con el Director, habría sido "entregada en el Gobierno anterior al municipio y de… pic.twitter.com/GTwVjREaGa
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 28, 2025
“Es de utilidad pública porque llevaron tantos animales al zoológico que hay un problema de salud, de peligro para la sociedad. Después, Uribe quiso regalársela a un amigo, no sé qué, para hacer plata, pero esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Es símbolo. Es símbolo de lo que estamos haciendo”, agregó el presidente.
Estas declaraciones abren un nuevo capítulo en la historia de la Hacienda Nápoles, un predio que ha pasado de ser ícono del narco a parque temático, y ahora podría convertirse en un enclave de soberanía campesina.
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Un símbolo del narcotráfico, la violencia y la ostentación
La Hacienda Nápoles fue conformada a finales de los años setenta cuando Pablo Escobar adquirió múltiples terrenos en Puerto Triunfo, Antioquia, y los unificó en una propiedad de más de 3.000 hectáreas. El capo del Cartel de Medellín construyó allí una mansión, varias piscinas, una pista aérea, una plaza de toros y un zoológico con más de 1.500 animales importados ilegalmente.
Los hipopótamos —introducidos sin permisos desde África— fueron una de sus excentricidades más recordadas, y con el paso de las décadas se convirtieron en una amenaza ambiental: sin control ni depredadores naturales, se han reproducido por decenas en ríos del Magdalena Medio, causando daños a los ecosistemas y riesgos a la población. Recientemente, las comunidades registraron una nueva especie invasora, los ciervos chitales, cuyo origen también recae en el zoológico privado de Escobar, quien los trajo ilegalmente desde Asia. Hoy su población se multiplica sin control poniendo en riesgo el equilibrio ecológico.
Tras el asesinato de Escobar en 1993, la hacienda fue saqueada y abandonada. No fue hasta 2004 que el Estado logró la extinción de dominio del predio, y en 2005 el Gobierno de transfirió su núcleo al municipio de Puerto Triunfo a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes. A pesar de ser un bien público, el municipio, sin capacidad técnica para su gestión, la entregó en concesión en 2007 a una empresa privada, dando origen a un negocio turístico de largo aliento.
En los alrededores de Puerto Triunfo se han registrado alrededor de 169 ejemplares de hipopótamos en estado salvaje. / AFP.
El negocio detrás del parque: concesión y vínculos políticos
La Hacienda Nápoles hoy opera como un parque temático privado gracias a una concesión de más de 30 años otorgada a la empresa Aventura Nápoles S.A.S., dirigida por el empresario antioqueño Óscar Jairo Orozco Montoya, quien obtuvo el derecho de explotar comercialmente el predio. El terreno, sin embargo, sigue siendo propiedad pública.
Orozco Montoya no es un actor aislado: ha estado vinculado al Partido Conservador, cercano al círculo del exministro Fabio Valencia Cossio, y ha sido contratista de la Alcaldía de Medellín bajo la administración de Federico Gutiérrez. Estas conexiones con poderosos sectores del uribismo alimentan la crítica del presidente Petro sobre un “regalo” político del entonces gobernante a un empresario aliado.
La concesión le permite a Orozco operar el parque, cobrar por el ingreso, controlar los hoteles, las atracciones y demás servicios, mientras el municipio percibe un porcentaje mínimo de esos ingresos.
¿Se puede recuperar la Hacienda Nápoles para el pueblo?
La propuesta del jefe de Estado enfrenta varios retos. En primer lugar, este predio tiene hoy una vocación turística establecida por actos administrativos y planeación territorial. Según una antigua evaluación de la Agencia Nacional de Tierras, solo el 40% del terreno sería aprovechable para actividades agropecuarias, el resto está clasificado como zona urbana o de protección ambiental. Además, existe una concesión vigente con más de 20 años restantes, y su terminación anticipada implicaría un complejo enfrentamiento judicial entre el Estado y el concesionario.
Aun así, el Presidente ha enfatizado que el carácter simbólico de este terreno justifican una decisión política:
“Esa hacienda tiene tantos muertos como para que sea un negocio particular. Es una tierra de la violencia que debe ser devuelta a quienes fueron desplazados por esa misma violencia”, ha expresado en otras ocasiones.
La Agencia Nacional de Tierras ya ofició a la Sociedad de Activos Especiales para solicitar la transferencia del predio al Fondo de Tierras. No obstante, la SAE respondió que la totalidad de la Hacienda Nápoles fue entregada al municipio de Puerto Triunfo en 2022, por lo que cualquier cambio en su uso o destinación requeriría la voluntad política del alcalde, así como una renegociación con el concesionario.
¿Quiénes serían los beneficiarios?
La política de reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro prioriza a víctimas del conflicto armado, campesinos sin tierra, mujeres rurales, comunidades afrodescendientes e indígenas, y jóvenes del campo. La ANT ha adjudicado decenas de predios a familias desplazadas y asociaciones rurales. En el Magdalena Medio, ya se han entregado fincas a más de 60 familias víctimas del conflicto.
Muchas de estas adjudicaciones se han hecho bajo el modelo de “proyectos productivos”, con acompañamiento técnico, inversión inicial y titulación en propiedad. Si se lograra recuperar Hacienda Nápoles para el campesinado, los beneficiarios serían comunidades locales organizadas, víctimas reconocidas y asociaciones productivas con arraigo en la región.
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Una disputa simbólica y política
La propuesta es un acto de memoria y reparación. La Hacienda Nápoles no es un terreno cualquiera: fue símbolo del poder de Escobar, del despojo, del miedo. Convertirla en tierra campesina es resignificar la historia, es recuperar lo que el narco le quitó a Colombia.
También es una disputa política entre dos visiones: la de 'Agro Ingreso Seguro', que en el radicalismo neoliberal clasifica a los pequeños campesinos como inútiles dentro de un sistema de producción de monocultivo y depredación ambiental, y una progresista que cree en la sostenibilidad y la producción justa, equitativa y sostenible para las familias productoras. Para el presidente Petro, los bienes arrebatados al crimen deben destinarse para reparar al pueblo. Por eso, la resistencia que ha surgido tras sus declaraciones es muestra de lo mucho que está en juego.
Gustavo Petro ha hecho del acceso a la tierra uno de los pilares de su gobierno. Y con esta propuesta ha puesto en el centro del debate una pregunta profunda: ¿puede el país convertir su mayor emblema del narcotráfico en un símbolo de justicia agraria? La historia dirá si la Hacienda Nápoles vuelve a ser del pueblo.
