Juez ratifica posible responsabilidad de Karen Abudinen en el caso de corrupción de Centros Poblados

"El juez sugiere que Abudinen habría actuado de manera negligente": Revista Cambio

La revista Cambio reveló una decisión judicial en la que un juez de la República concluye que la exministra TIC Karen Abudinen tenía responsabilidad de supervisión y control sobre el billonario contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada a Emilio Tapia, para llevar internet a zonas rurales del país.

Según el fallo, aunque Abudinen delegó en la entonces secretaria general del Ministerio TIC, Adriana Meza, funciones relacionadas con la contratación del FONTIC, dicha delegación no la exoneraba de sus responsabilidades como ministra.

Aunque a finales de 2024 la Procuraduría General de la Nación la desvinculó de responsabilidad disciplinaria, Cambio señala que el pronunciamiento del juez surge en medio del proceso de extinción de dominio que avanza contra bienes de varios implicados en el caso Centros Poblados.

El juez concluyó que, en su calidad de ministra, Karen Abudinen no estaba exenta de vigilar y controlar el contrato, debido a que el incumplimiento afectó el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para comunidades pobres y vulnerables de zonas rurales, una obligación que hacía parte de las funciones de la cartera TIC.

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Emilio Tapia y el caso de Centros Poblados

Emilio Tapia, conocido como el “Zar de la contratación”, ha estado involucrado en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, entre ellos el Carrusel de la Contratación de Bogotá y el caso de Centros Poblados. Su nombre ha sido relacionado durante años con irregularidades en contratación pública y desvío de recursos estatales.

En el caso de Centros Poblados, la Fiscalía lo señaló como uno de los principales cerebros del entramado que desvió recursos de un contrato del Ministerio TIC destinado a llevar internet a escuelas rurales de Colombia. Según las investigaciones, la red habría utilizado documentos y garantías falsas para obtener un anticipo superior a 70.000 millones de pesos.

Aunque Tapia no aparecía oficialmente vinculado a las empresas de la unión temporal, varios testigos afirmaron que controlaba parte importante de la estructura empresarial detrás del contrato. La Fiscalía sostiene que personas cercanas a él manejaban firmas clave dentro de Centros Poblados y que Tapia habría sido el principal estructurador del esquema desde el inicio.

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