Suspendida orden de desalojo contra 1.000 habitantes en la localidad de Bosa en Bogotá

La movilización social ha sido determinante para frenar la orden judicial y buscar una salida negociada que proteja a las familias del barrio El Remanso en el suroccidente de la capital
Suspendida orden de desalojo contra 1.000 habitantes en la localidad de Bosa en Bogotá

Más de 95 familias, integradas por más de 1.000 personas, en el barrio Remanso, localidad de Bosa en Bogotá, enfrentan el riesgo de ser desalojadas por orden de un juzgado penal, que exigió la restitución de un lote de 5.400 metros cuadrados a la empresa privada Sotrandes. 

Aunque el desalojo fue suspendido el miércoles 6 de mayo temporalmente por motivos de orden público y protección de derechos fundamentales, el riesgo de expulsión para las familias sigue siendo inminente.

Las protestas y la organización de la comunidad han sido claves en la resistencia frente a la decisión de la administración distrital, que sostiene que debe cumplir con las órdenes emitidas por la justicia.

Más de 98 familias han residido por más de 15 años en el lugar 

Las familias, que aseguran haber vivido por más de 15 años en el sector, sostienen que compraron los predios de buena fe y que fueron inducidas a error sobre la legalidad de las ventas.

 También argumentan que conservan registros de las transacciones y pagos de servicios públicos como acueducto, energía y gas durante todos estos años, además de aparecer en registros catastrales e instrumentos públicos.

La intervención realizada el miércoles 6 de mayo buscaba desalojar a más de 1.000 personas, entre ellas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. En el lugar hicieron presencia más de 300 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y unidades de la UNDMO, anteriormente conocida como ESMAD.



La presión de la comunidad, sumada a la intervención de concejales y la Personería de Bogotá, fue clave para frenar temporalmente el desalojo - crédito Sala de prensa José Cuesta
       Protestas en el barrio El Remanso 
     Crédito: Sala de prensa José Cuesta

La orden de desalojo, emitida por un juzgado penal, dispuso la restitución de un lote de más de 5.000 metros cuadrados a Sotrandes, una empresa privada dedicada al transporte terrestre de pasajeros y carga.

En 2024, la autoridad judicial ratificó la medida y ordenó devolver el predio a sus propietarios legales, además de respaldar un fallo que calificó el terreno como inhabitable y de riesgo para sus ocupantes.

¿Qué viene para las familias después de la suspensión del desalojo?

La situación abre un debate sobre el derecho a la vivienda, la tenencia de la tierra y la manera en que estos aspectos se articulan con la garantía de los derechos fundamentales de quienes habitan estas viviendas.

El día del desalojo hicieron presencia la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá, con el fin de acompañar el procedimiento y velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

La suspensión del procedimiento permite que más de 90 familias permanezcan en sus viviendas en El Remanso, mientras se define la situación jurídica de los predios.


Puedes leer: Presidente Petro responde a Bogotá por Regiotram del Norte: “no quiso ir a la reunión de financiación”


El abogado de las familias, Harold Rengifo, señaló que la suspensión del desalojo fue resultado de la movilización social y de las observaciones realizadas por las instituciones frente a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Asimismo, indicó que ahora corresponde a las entidades públicas y al Distrito solicitar formalmente ante el Juzgado 50 Civil Municipal la suspensión definitiva de la medida, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el propietario del inmueble y sustentar razones de orden público.

Por su parte, el Distrito afirmó que las posibles soluciones podrían estar encaminadas a una negociación con la empresa propietaria, la búsqueda de mecanismos de legalización de los predios o la reubicación de las familias.
 


Puedes leer: Presidente Petro defiende el Regiotram para Bogotá y denuncia monopolio del transporte


Reacciones a nivel político tras la orden de desalojo

La concejala de Bogotá, Heidy Barreto, señaló que la movilización permanente de la comunidad permitió generar condiciones para evitar el desalojo.

Asimismo, subrayó que, tras la presión ejercida por distintas bancadas del Concejo de Bogotá ante la Personería, la Secretaría de Gobierno y otras entidades, es necesario crear una comisión accidental que haga seguimiento riguroso al proceso.

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, señaló que la Alcaldía de Bogotá tiene la posibilidad y la voluntad política de comprar el predio y avanzar en la formalización del barrio.

Durante una intervención en el Congreso, advirtió sobre el riesgo que enfrentan más de 100 niños, quienes son considerados sujetos de especial protección constitucional. Además, afirmó que la falta de soluciones estructurales responde a una necesidad de proteger los intereses económicos de sectores que, según ella, han financiado al alcalde Carlos Fernando Galán.


📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 Míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia