El ministro de Justicia encargado, Eduardo Montealegre, respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de emitir el decreto para convocar una consulta popular, luego de que el Congreso de la República negara su realización mediante un acto que, según el Gobierno, viola abiertamente la Constitución.
“El fundamento principal del decreto es que el Congreso violó en forma abierta la Constitución al rendir concepto desfavorable a la consulta popular”, afirmó el ministro Montealegre.
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Cinco violaciones al debido proceso legislativo
De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Justicia, la decisión del presidente se basó en cinco irregularidades detectadas durante el trámite en el Senado:
- Omisión en la lectura de la proposición sometida a votación.
- Cierre arbitrario e irrazonable de la votación.
- Modificación del voto tras el cierre del proceso de votación.
- Discrepancia entre el número de senadores presentes y los votos efectivamente emitidos.
- Omisión en el trámite de la apelación presentada contra el cierre de la votación.
Estos hechos, según el ministro Montealegre, vulneraron principios constitucionales esenciales como la transparencia del procedimiento legislativo, la libertad del voto parlamentario y el derecho al debido proceso.
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El jefe de la cartera de justicia citó el artículo 4 de la Constitución de 1991, que establece que esta es “norma de normas” y que, en caso de conflicto entre una norma inferior y la Carta Magna, debe prevalecer esta última.
“El Presidente aplicó la excepción de inconstitucionalidad. Esto significa que, cuando existe una incompatibilidad entre una norma del ordenamiento jurídico de menor jerarquía y la Constitución, se debe desconocer la norma inferior”, explicó el ministro Montealegre.
La decisión presidencial será analizada por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la validez del decreto y los efectos del concepto del Congreso.
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