El presidente Gustavo Petro respondió a la carta emitida por el Consejo Gremial Nacional este 3 de junio, en la que más de veinte asociaciones empresariales acusaron al Ejecutivo de vulnerar la Constitución por anunciar una consulta popular por decreto. Desde su cuenta en X, el mandatario denunció que los gremios ejercen presiones indebidas sobre el Congreso y desconocen que, según la Carta Política de 1991, el pueblo colombiano es el verdadero titular del poder.
El consejo nacional gremial ha desatado la actual coyuntura al "presionar" a los senadores de la comisión VII de senado a no discutir la reforma laboral aprobada en Cámara de Representantes.
El consejo nacional gremial en pleno neoesclavismo anacŕónico debe aceptar que el pueblo… https://t.co/ySVObnqdq9— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2025
“El Consejo Nacional Gremial, en pleno neoesclavismo anacrónico, debe aceptar que el pueblo existe y que es el poder en Colombia, según la Constitución de 1991”, escribió el jefe de Estado.
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Élites han creado este escenario por su rechazo a las reformas sociales
En su carta, los gremios —entre ellos la ANDI, Fenalco, Fedegán, la SAC, Asobancaria, Naturgas y Fasecolda— expresaron su postura en contra del anuncio presidencial sobre convocar vía decreto la Consulta Popular. El empresariado congregado en la poderosa agremiació alega que el Ejecutivo no puede convocar por su cuenta una consulta ya negada por el Senado.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro señaló que la reacción del Consejo Gremial refleja la resistencia de las élites económicas a cualquier intento de reformar el sistema laboral en beneficio de los trabajadores. Aseguró que el intento de frenar la discusión parlamentaria de la reforma laboral fue promovido directamente por los gremios, y que ante ese cerco institucional, solo queda apelar al pueblo.
“El pueblo debe decidir si está de acuerdo con un modelo laboral de semi-esclavitud o si quiere dignidad en el trabajo”, ha reiterado el mandatario. En distintas alocuciones ha recordado que la Organización Internacional del Trabajo ha respaldado los principios de la reforma laboral, alineados con los convenios internacionales y el Estado Social de Derecho.
El presidente también ha denunciado una alianza entre sectores políticos, empresariales y mediáticos para impedir el avance de reformas sociales y bloquear mecanismos democráticos de participación directa. Por ello, insiste en que la convocatoria de una consulta popular está dentro de sus facultades constitucionales y representa una respuesta legítima al bloqueo del Congreso.
Consulta popular y reforma laboral: el pueblo como sujeto político
La reforma laboral impulsada por el Gobierno busca dignificar el trabajo, reducir la informalidad, garantizar la estabilidad en el empleo y corregir desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y jóvenes. Al haber sido archivada irregularmente por el Senado el pasado 14 de mayo —tras su aprobación en Cámara—, el Ejecutivo ha planteado que el pueblo se pronuncie directamente.
Un nuevo borrador de decreto fue anunciado el 3 de junio por el Ministerio del Interior, con el objetivo de convocar nuevamente la consulta popular antes del 11 de junio. Este documento será revisado por juristas y exmagistrados para garantizar su solidez constitucional.
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Equilibrio de poderes, participación y legitimidad democrática
En la actual coyuntura, se ha revelado una postura intransigente de los gremios y la clase política tradicional, que ha llevado a la negación sistemática de cualquier intento de reforma social promovido desde el Gobierno; esto privilegiando los intereses empresariales aún sobre la dignidad laboral, el derecho a pensionarse o a tener una atención médica humana y no pensada como una transacción. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático al señalar que la legitimidad de las reformas no solo se mide por el voto de los congresistas, sino también por la voluntad del pueblo expresada mediante mecanismos de participación directa.
“El pueblo existe y es el poder en Colombia”, reiteró el mandatario. En su visión, respetar la Constitución de 1991 no es solo acatar sus procedimientos, sino también defender sus principios fundacionales: justicia social, participación ciudadana y equidad.
