El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación en el Senado de un proyecto que transforma el financiamiento de la educación superior pública. La iniciativa, que busca llevar progresivamente la inversión al 1 % del PIB, pasará a la Cámara de Representantes.
Proyecto de Ley que garantiza más recursos para las universidades públicas supera plenaria del Senado y pasa a la Cámara de Representantes
Publicado:
24 de Septiembre 2025, 7:23 PM
La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Educación que redefine el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. La propuesta modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y establece que los recursos para universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales de carácter público crecerán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), una fórmula más cercana a la realidad del sector.
El presidente Gustavo Petro celebró el resultado legislativo como un avance de largo aliento. “La revolución educativa pasa por financiar más la educación pública. Buen éxito de las bancadas del Frente Amplio y del Pacto Histórico en el Senado”, escribió en su cuenta de X, destacando además el papel de los movimientos estudiantiles en esta conquista.
Tras este paso, el proyecto continuará su trámite en la Cámara de Representantes, con debates pendientes en la Comisión VI y en la plenaria. Si se aprueba sin conciliación, pasará directamente a sanción presidencial.
#MásPlataParaLaU 📚✊ | El @SenadoGovCo aprobó el proyecto de ley que garantiza más recursos para la educación superior pública en Colombia.@Mineducacion | Un triunfo fruto de la lucha del movimiento estudiantil y del compromiso de un gobierno que avanza en el reconocimiento de… pic.twitter.com/sBDWQqPhho
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 24, 2025
Ajuste en la fórmula para garantizar incrementos
Durante más de tres décadas, los presupuestos universitarios dependieron del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que generó una brecha creciente entre la demanda de educación y los recursos disponibles. Con la reforma, los fondos se calcularán con el ICES, que mide específicamente los costos del sector, garantizando que los incrementos anuales respondan a las verdaderas necesidades de las instituciones.
El articulado también abre espacio a un control más participativo: las comunidades educativas podrán organizar veedurías ciudadanas para vigilar los recursos, con acompañamiento de la Contraloría General de la República. Con ello se busca asegurar transparencia en el uso de los dineros destinados a la educación superior.
La visión del Ministerio de Educación
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicó que la reforma es clave para cerrar una deuda histórica con las instituciones de educación superior. “Con esta reforma empezamos a cerrar la brecha histórica de la educación superior pública: destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1 % del PIB y por fin incluimos a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían sido olvidadas”, aseguró.
El ministro Rojas resaltó que la propuesta no solo garantiza estabilidad presupuestal, sino también mejores condiciones académicas y laborales para estudiantes, docentes y personal administrativo. Subrayó, además, que este cambio es fruto del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, un consenso político y social que coloca a la educación en el centro de las prioridades nacionales.
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Un triunfo tras décadas de movilización estudiantil
El nuevo modelo de financiación se inscribe en una trayectoria de luchas estudiantiles que marcaron hitos como las protestas de 2011 contra proyectos de mercantilización de la universidad, y las movilizaciones de 2018, cuando los jóvenes exigieron mayor inversión en infraestructura y matrículas asequibles.
La inclusión de instituciones técnicas y tecnológicas públicas, que durante años quedaron por fuera de la fórmula presupuestal, amplía el alcance de la reforma y responde a una deuda con sectores que históricamente fueron marginados en el acceso a educación de calidad.
Dos debates para lograrlo
El trámite en la Cámara de Representantes definirá la suerte de la iniciativa. El Gobierno espera que, una vez aprobada, el sistema educativo cuente con una base presupuestal más robusta y previsible, capaz de garantizar gratuidad y calidad para las nuevas generaciones.
La meta de llevar el financiamiento al 1 % del PIB marcaría un giro frente a intentos anteriores que fracasaron. En 2010 el ajuste realizado resultó inconstitucional; en 2011 se presentó un proyecto que proponía financiar la educación superior mediante la deuda que implicaba cambiar la vocación de las instituciones a negocios, pero fue retirado tras las protestas de la MANE.
La persistencia de las movilizaciones juveniles que pusieron la educación pública en el centro de la agenda nacional durante años, hoy por fin muestra sus frutos. En la Cámara de Representantes se podrá reivindicar la causa estudiantil plenamente.
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