Concejo de Bogotá aprueba un proyecto que impone nuevas barreras al acceso al aborto

El Concejo de Bogotá dio luz verde este jueves al proyecto de acuerdo 340 de 2025, denominado "Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer", una iniciativa que ha generado fuertes críticas por parte de colectivos de mujeres y defensores de derechos sexuales y reproductivos.

La propuesta, impulsada por la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, fue aprobada en segundo debate por la plenaria y ahora espera la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán, quien deberá determinar si la sanciona u objeta.

Aunque el proyecto contempla la implementación de un programa de acompañamiento para mujeres durante la gestación, lactancia y período posparto, diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación durante meses, señalando que la normativa podría convertirse en un nuevo impedimento para quienes busquen interrumpir voluntariamente su embarazo.

El principal punto de controversia radica en que la iniciativa exige una evaluación psicológica previa, lo que según los críticos podría exponer a las usuarias a discursos persuasivos en contra de su decisión o generar retrasos injustificados en la atención.

Los movimientos feministas sostienen que el acuerdo va en contravía de la jurisprudencia colombiana que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Además, señalan que contradice el actual Plan Distrital de Desarrollo, el cual tiene entre sus metas disminuir la mortalidad materna e incluye protocolos materno-perinatales que garantizan el acceso al aborto legal.

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La decisión del alcalde Galán cobra especial relevancia considerando las declaraciones previas de la primera dama distrital, Carolina Deik, quien durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar realizada en Bogotá el año anterior, expresó su respaldo a los derechos sexuales y reproductivos.

En Colombia, el derecho al aborto está reconocido desde 2022, cuando la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación mediante la sentencia C-055. 

Después de ese plazo, el aborto sigue siendo legal bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer (incluida la salud mental), cuando es resultado de violencia sexual o incesto, o cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Aunque el fallo supuso un avance significativo en materia de derechos reproductivos, organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado que persisten barreras en la práctica, como la desinformación, la objeción de conciencia indebida y demoras en la atención dentro del sistema de salud.

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