Si tumban la emergencia económica queda en riesgo la garantía de derechos fundamentales: MinHacienda

El presidente Gustavo Petro abrió el Consejo de Ministros de este lunes con una defensa cerrada del Estado de Emergencia Económica: lo presentó como la opción que le permite al Gobierno sostener el equilibrio fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y evitar un salto en el costo de la deuda pública.

El mandatario amarró el argumento a una consecuencia inmediata. Dijo que la caída de las leyes de financiamiento encareció la deuda y que la emergencia ha servido para contener ese aumento, con un riesgo explícito si la medida se cae en control constitucional.

En paralelo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que el objetivo no se reduce a recaudar por recaudar: el decreto de emergencia busca asegurar recursos urgentes para cumplir obligaciones del Estado ligadas a derechos fundamentales, subsidios, sentencias y reparación a víctimas.

Deuda más cara y déficit primario: el Gobierno fija la urgencia

El Presidente describió el problema en términos de caja y de sostenibilidad: sin ingresos adicionales, el Estado se queda con un déficit primario que presiona la deuda y vuelve más costoso financiar el presupuesto. Su advertencia fue que, sin el andamiaje de la emergencia, el costo de la deuda puede dispararse, con efectos directos sobre el margen fiscal.

En un solo bloque, el Presidente lo resumió así: 

“Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la Emergencia Económica, que si la tumban pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. ¿Cuál es la teoría contable del déficit fiscal? Que si un país está en déficit primario, entonces el desbalance de su balanza comercial va a producir un desbalance mayor del déficit en balanza de ingresos y egresos del Estado. Eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos”.

El Presidente insistió en que la condición para que la deuda sea “pagable” es alcanzar superávit primario y afirmó que ese era el propósito de la reforma tributaria y de las leyes de financiamiento que hundió el Congreso. En su lectura, la discusión no es solo contable: es de trayectoria fiscal. Si el déficit primario no cae, el costo de la deuda sube con el tiempo y el problema se agranda.

Petro también advirtió sobre el calendario: afirmó que la presión mayor no explotaría necesariamente dentro de su administración, pero sí crecería para el próximo Gobierno si la corrección se aplaza. En su planteamiento, la emergencia evita que el deterioro fiscal se convierta en una carga más costosa y difícil de manejar a medida que pasan los meses.

Los derechos fundamentales que Hacienda pone en el centro: 16,3 billones y obligaciones inmediatas

El ministro Germán Ávila llevó el debate al terreno de obligaciones específicas y montos. Dijo que, sin la implementación de la emergencia, el Estado quedaría en una situación crítica para cumplir compromisos que el Gobierno ubica en el núcleo de derechos fundamentales y deberes inaplazables.

El ministro de Hacienda lo expresó en estos términos:

“De no plantearse la implementación de esta emergencia y la recuperación de una serie de ingresos necesarios para atender derechos fundamentales estaríamos ante una situación crítica de cumplimiento de obligaciones del Estado. Esta serie de derechos fundamentales estarían en riesgo de no cumplirse por parte del Estado si no accede a los recursos necesarios para atender estos compromisos. En estas circunstancias creemos que ha sido coherente y necesario establecer la Emergencia Económica y, en ese ese sentido, la Corte Constitucional debe comprender las complejidades de la situación fiscal del país.”.

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La lista presentada en el Consejo de Ministros aterrizó el tamaño del faltante: 16,3 billones de pesos, según el propio insumo. Y desagregó los frentes que —de acuerdo con el Ministerio— quedarían desfinanciados o en riesgo de incumplimiento sin esos ingresos:

• Salud: 3,3 billones de pesos para atender la obligación de equiparar la UPC entre regímenes subsidiado y contributivo; el insumo lo presenta como un hecho sobreviniente asociado a una decisión de la Corte Constitucional e incluye la meta de equiparar la “prima pura” a un 95%.
• Seguridad ciudadana: 3,7 billones de pesos en total, con 1 billón adicional para garantizar comicios electorales de 2026 y 2,7 billones para mantener el orden público; en la misma relación se menciona que el sector defensa contempla 2,6 billones para reforzar capacidades de manera inmediata ante ataques con drones y explosivos.
• Emergencia climática prorrogada y atención de desastres: 0,5 billones de pesos para reconstrucción de Paratebueno y otros municipios afectados por el reciente sismo, además de atención a damnificados por inundaciones.
• Subsidios de servicios públicos (energía y gas): 5,1 billones de pesos, con énfasis en el Caribe colombiano.
• Sentencias judiciales: 1,6 billones de pesos, presentados como obligaciones inapelables del Estado.
• Reparación de víctimas: 1,6 billones de pesos.

El punto de Hacienda fue que estos rubros no funcionan como una lista de deseos: son compromisos que el Gobierno ubica en el terreno de las obligaciones de Estado —salud, seguridad para elecciones, servicios públicos, decisiones judiciales y reparación— y que requieren recursos en el corto plazo. En esa lógica, la emergencia opera como un puente de financiación para evitar que el ajuste termine recayendo, por la vía de los recortes o la mora, sobre derechos y obligaciones que el Estado no puede desconocer.

Medidas tributarias transitorias: recaudo rápido sin tocar canasta familiar, según Hacienda

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, expidió el Decreto 1474 de diciembre de 2025, ligado al Estado de Emergencia Económica y Social declarado por el Decreto 1390 de 2025, con el objetivo de adoptar medidas tributarias destinadas a atender gastos del Presupuesto General de la Nación asociados a esa declaratoria.

El propio insumo resume el alcance: la emergencia autoriza al Presidente, con firma de todos los ministros, a dictar decretos con fuerza de ley “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”, y permite, de manera transitoria, crear tributos o modificar los existentes. Con esa base, el Decreto 1474 concentró el esfuerzo en varias líneas que el Gobierno presenta como fuentes de ingreso rápidas y focalizadas.

Entre las medidas listadas se incluyen: IVA del 19% en 2026 para bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; IVA del 19% para juegos de suerte y azar operados por internet, con base gravable en los ingresos brutos del juego (apuestas menos premios pagados en el bimestre); ajuste del impuesto al patrimonio con reducción del umbral de 3.600 millones a 2.000 millones y aumento progresivo de hasta 5% para patrimonios superiores a 100.000 millones; puntos adicionales en la tarifa del impuesto de renta para el sector financiero mediante una sobretasa de 15 puntos; un impuesto temporal a la extracción de hidrocarburos y carbón al momento de primera venta o exportación; ajustes en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, con certificación de base gravable por el Dane; y una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para obligaciones en mora con la Dian hasta el 31 de marzo de 2026.

Ávila defendió que el diseño busca evitar un golpe sobre consumos esenciales. Dijo que las medidas tienen el cuidado de no afectar sectores relacionados con la canasta familiar y que se excluyeron incrementos al impuesto sobre la cerveza. Sostuvo que el paquete se concentra en “grandes fortunas”, sectores de mayores ingresos, el sector financiero y los llamados impuestos saludables, como parte del balance fiscal que el Gobierno pone sobre la mesa.

La discusión se traslada a la Corte: control constitucional y presión de corto plazo

La definición de la tensión en los próximos días, será determinante para el futuro de Colombia: el Ejecutivo sostiene que la emergencia evita un salto del costo de la deuda y garantiza recursos para obligaciones inmediatas; el control constitucional definirá si ese instrumento se mantiene en pie.

En ese escenario, Hacienda pidió a la Corte Constitucional entender la complejidad fiscal del momento y la necesidad de recursos “inmediatos”, bajo el argumento de que están amarrados al cumplimiento de derechos y obligaciones del Estado. Si el decreto se sostiene, el Gobierno insiste en que tendrá un puente de financiación para cerrar el hueco; si se cae, habrá un escenario de deuda más cara y un margen fiscal más estrecho para responder.

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