MinHacienda precisa alcances de la Emergencia Económica para proteger finanzas públicas y cumplir metas sociales

El Ministerio de Hacienda reiteró este 23 de diciembre que la declaratoria de Emergencia Económica y Social busca recuperar ingresos para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento. En distintas intervenciones radiales, el ministro Germán Ávila explicó que, ante este escenario, el Gobierno enfrentó una decisión clave: incrementar el endeudamiento o fortalecer los ingresos tributarios, descartando de manera categórica la implementación del llamado 5x1.000.

Según el ministro, el Ejecutivo optó por “la opción más sana y razonable”: ampliar los ingresos de las finanzas públicas vía tributación, con el argumento de que esa vía permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Las razones de la emergencia económica, en palabras de Hacienda

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la declaratoria se sustenta en varios factores que hoy presionan las finanzas públicas. El primero es el vacío de recursos generado por el archivo de la Ley de Financiamiento, que dejó sin respaldo una parte del Presupuesto General de la Nación.

En los considerandos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, se advierte además una desfinanciación del Presupuesto General de la Nación para 2026, que fue aforado en $546,9 billones, con ingresos corrientes estimados en $501 billones, ingresos de establecimientos públicos por $29,6 billones y $16,3 billones que dependían de la Ley de Financiamiento archivada.

A este panorama se suma el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, estimado en $3 billones, recursos necesarios para garantizar la equiparación de los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.

El Ministerio también incluyó necesidades urgentes de seguridad nacional, relacionadas con la protección de la Fuerza Pública, su infraestructura y capacidades tecnológicas. En ese frente, el Decreto estima en $2,7 billones los recursos necesarios para dotar de infraestructura y tecnología adecuada a la Fuerza Pública, además de $1 billón para reforzar la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Otros gastos adicionales no financiados incluyen:

• $0,5 billones para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, destinados a atender la ola invernal y los efectos del terremoto en Paratebueno (Cundinamarca).
• $9,9 billones para el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con reparación de víctimas del conflicto, desastres naturales, salud y protección de comunidades étnicas.
• $1,5 billones para créditos judicialmente reconocidos en la vigencia 2026.
• $5,1 billones pendientes por subsidios de energía y gas correspondientes a 2025.
• $1,6 billones para indemnizaciones a familias víctimas de desplazamiento forzado.
   

En su balance, el ministro Germán Ávila afirmó: “Ha sido un buen año económico”, pero subrayó que las finanzas públicas tienen dificultades estructurales que, en su visión, requieren acciones rápidas.

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“SIN 5x1.000”: el desmentido y la propuesta tributaria

El Ministerio indicó que no todos los colombianos asumirán una mayor carga y reiteró que el 5x1.000 no ha sido contemplado por el Gobierno. En su lugar, planteó un modelo de tributación progresiva enfocado en los mayores patrimonios, con un esquema de tarifas por rangos:

• Patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos: tarifa del 1 %.
• Patrimonios entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: tarifa del 2 %.
• Patrimonios entre 12.000 y 100.000 millones de pesos: tarifa del 3 %.
• Patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos: tarifa del 5 %.
  
  Adicionalmente, el sector financiero tendrá una sobretasa de 10 puntos porcentuales adicionales a los 5 puntos ya vigentes, lo que elevaría su impuesto de renta al 15 %. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar cerca de $3,5 billones.

Venta de TES y la señal a inversionistas

Sobre la operación de venta y colocación de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos, el ministro explicó que se realizó con criterios de prudencia financiera y con el objetivo de cerrar el ciclo económico de 2025.

Según Hacienda, la operación se llevó a cabo con PIMCO (Pacific Investment Management Company), uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. En esa línea, el ministro descartó que se trate de una señal de desconfianza del mercado y sostuvo que la participación de inversionistas internacionales refleja un nivel significativo de confianza en la economía colombiana, en un contexto de crecimiento.

El Ministerio concluyó que 2025 deja resultados positivos de actividad productiva y crecimiento, pero que la emergencia económica busca proteger la estabilidad fiscal del país y asegurar los recursos necesarios para cumplir obligaciones del Estado.

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