Presidente Petro advierte censura tras fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves al fallo del Consejo de Estado que impone nuevas restricciones a las alocuciones presidenciales. En su cuenta de X, el mandatario señaló que la decisión constituye un intento de censura y un desconocimiento de las funciones constitucionales del Ejecutivo.
“Así es, el Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente. No se podía pensar diferente, creen que porque hablo, gano; podemos ganar pensando”, escribió el jefe de Estado al citar una publicación del abogado experto Eduardo Noriega.
La sentencia fue emitida el 16 de septiembre, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, mediante la cual el alto tribunal concedió una tutela presentada por seis ciudadanos que alegaron vulneración del derecho a la información por las alocuciones del Presidente.
Las restricciones del fallo
La decisión del Consejo de Estado impone ocho condiciones que regulan el uso de la alocución presidencial, una figura que históricamente ha permitido al jefe de Estado dirigirse al país en situaciones de interés general.
Entre las principales limitaciones se destacan:
- Carácter excepcional: solo podrán realizarse en “hechos urgentes y de verdadero interés público”, excluyendo balances, opiniones o debates políticos.
- Duración y proporcionalidad: las intervenciones deberán ser breves y razonables, evitando transmisiones prolongadas.
- Pluralismo informativo: las alocuciones no podrán transmitirse simultáneamente en todos los canales públicos y privados.
- Control previo: cada mensaje deberá ser justificado ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) mediante un formulario que evalúe su urgencia y relevancia.
- Temática institucional: solo se admitirán alocuciones vinculadas directamente con las funciones presidenciales.
El fallo también reafirma que los consejos de ministros no podrán transmitirse por canales privados, y que el Ejecutivo deberá garantizar opciones informativas alternas para los televidentes.
El Presidente denuncia una limitación a la comunicación del Estado
Para el presidente Petro, la sentencia representa un precedente que subordina la comunicación presidencial al control de otro poder del Estado, y que limita el alcance de los medios públicos creados precisamente para garantizar el derecho ciudadano a la información institucional.
El mandatario replicó un mensaje del abogado Eduardo Noriega, quien sostuvo que el fallo “se mete con la programación de RTVC y del Canal Institucional” y le atribuye funciones regulatorias a la CRC para las cuales no tiene competencia.
“Este fallo es un golpe institucional en tanto censura al Presidente de la República y restringe su deber de informar sobre las políticas del Gobierno nacional”, escribió Noriega.
Una tensión entre el derecho a informar y el derecho a ser informado
La decisión del Consejo de Estado abre un nuevo debate sobre los límites entre el pluralismo informativo y la comunicación pública del Estado. Mientras el tribunal sostiene que busca proteger la libertad de elección de los televidentes, desde el Gobierno se advierte que la medida podría convertirse en un filtro judicial que limite la palabra presidencial, afectando la transparencia y la rendición de cuentas directa ante la ciudadanía.
En Colombia, la figura de la alocución presidencial está contemplada en la Ley 182 de 1995, que regula el servicio público de televisión, y ha sido interpretada por la Corte Constitucional como un mecanismo legítimo para comunicar decisiones de Estado.
El Ejecutivo considera que el fallo desconoce ese marco legal y plantea un escenario de control previo sobre la expresión institucional, inédito en el sistema democrático colombiano.
La controversia jurídica abre un debate de fondo: ¿puede la justicia limitar la voz del Estado en nombre del pluralismo informativo? ¿Realmente se está vulnerando el pluralismo informativo o esta decisión constituye una limitación al mismo? Desde el inicio de esta discusión que se ha prolongado por meses, el Presidente anticipó que insistirá en su derecho —y su deber constitucional— de dirigirse al país con transparencia y sin censura.